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El gobernador santafesino brindó una conferencia de prensa ante la situación de las fuerzas de seguridad que exigen mejoras salariales y condiciones laborales. Afirmó que ningún agente ganará menos de 1.300.000 pesos.

La áreas como salud, seguridad y atención ciudadana deberán mantener dotaciones mínimas operativas.

El proyecto obtuvo 119 votos afirmativos, 67 negativos y ocho abstenciones.

El decreto 614/2025, firmado por Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, otorga a la Jefatura de Gabinete la facultad de trasladar feriados para organizar fines de semana largos. El calendario ya marca algunas fechas clave para el año próximo.

A pesar del rechazo de los sectores gremiales del magisterio, el gobierno de Santa Fe oficializó por decreto un aumento salarial del 7% para el sector docente, que se aplicará en forma escalonada entre julio y diciembre de 2025. La medida incluye mínimos garantizados de bolsillo, actualización de adicionales y alcanza también a jubilados, pensionados y suplentes.

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó un decreto que crea el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSAL), una medida que centraliza el control de las licencias médicas y enfermedades laborales en la administración pública provincial.

Con 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones, la oposición logró rechazar el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados.

El gremio docente realiza este miércoles una concentración provincial frente a la obra social estatal. Reclaman por la cobertura del Iapos y denuncian que el Gobierno cerró la negociación salarial con un aumento del 7% por decreto.

El gremio docente emitió un comunicado donde se establece que el gobierno provincial incumple la ley y que no están de acuerdo con el pago por decreto de los aumentos salariales rechazados por Asamblea provincial

La decisión del Presidente fue publicada hoy en el Boletín Oficial. El Gobierno argumentó que la implementación de estas leyes ponía en riesgo el equilibrio fiscal.

La decisión judicial llegó después de que el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) presentara una medida cautelar.

Se determinó mediante la Resolución 251/2025 desde Anses. También se conoció la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Lo hizo saber por medio de un comunicado de prensa y anticipó que el paro previsto por el sindicato es político. Los trabajadores tendrán liquidado su sueldo con el aumento y podrán cobrar sus haberes desde este sábado 31 de mayo.

A través de una resolución interna, el Consejo Directivo aprobó la nueva estructura. Dudas respecto a posible fusión con otros organismos.

El Gobierno decretará siete días de duelo nacional por la muerte del Papa Francisco, según confirmó Manuel Adorni en su cuenta oficial de X.

Esta decisión judicial ordena al Estado Nacional y a la entidad abstenerse de avanzar con los cambios propuestos, argumentando que cualquier modificación debe ser aprobada por el Congreso.

El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó al Estado nacional y a la entidad que "se abstengan de toda acción tendiente a su implementación".

La medida se publicó en el Boletín Oficial bajo el decreto 116/2025 y marca un cambio estructural en una de las principales entidades financieras del país.

El Gobierno oficializó una medida que permite a las prepagas aplicar aumentos diferenciales a cada uno de sus planes, con el objetivo de que los precios no tengan un fuerte impacto en los bolsillos. Dicha resolución se publicó a través del Decreto 102/2025 en el Boletín Oficial.

La medida se estableció mediante la Resolución 210/2025 y hace referencia a las supuestas vinculaciones de la RAM con incendios en el sur argentino.

Los representantes gremiales propusieron que sea de $572.000 en diciembre, pero las cámaras empresariales ofrecían $278.000.

“Se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión”, afirma el texto publicado en el Boletín Oficial

Este martes, el Gobierno prohibió lo que considera “propaganda política” y “adoctrinamiento” en edificios públicos y escuelas. Lo hizo a través de los decretos 1084/2024 y 1086/2024, apoyándose en normas preexistentes.