Redacción El Informe de Ceres
Este martes por la tarde la Cámara de Diputados comenzará a debatir el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, mejor conocida como ómnibus, en un plenario de tres comisiones, donde se espera la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para responder las inquietudes de los legisladores en torno a los alcances de esa norma. Desde Unión por la Patria (U×P) mantienen el rechazo total a los 664 artículos, en tanto el presidente Javier Milei, que la víspera pasó su primera noche en la quinta de Olivos, resiste cualquier cambio. Entre ambos polos, una parte del oficialismo más dialoguista procurará encontrar acuerdos para sumar los votos necesarios cuando el megaproyecto llegue al recinto.
El debate se pondrá en marcha luego de que el jueves se conformarán las comisiones que deberán analizar la iniciativa enviada por el gobierno de Javier Milei, las de Legislación General (cabecera); Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, que se reunirán este martes entre las 14 y las 20, y el miércoles de 9 a 20.
Este lunes por la mañana, en su conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial Manuel Adorni, confirmó que los ministros acudirán al Congreso con los detalles que “hagan falta” sobre los alcances “en cada área” del paquete ómnibus.
El cronograma de trabajo fue acordado por los representantes de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General; Nicolás Mayoraz, designado al frente de la de Asuntos Constitucionales, y Presupuesto, que quedó a cargo del diputado de Avanza Libertad José Luis Espert.
Las reuniones, que serán de carácter informativo, por lo que no se contempla la firma de dictámenes, contarán con la exposición de funcionarios, ya sea en forma presencial o por Zoom, informaron fuentes parlamentarias.
Para organizar las preguntas que se les harán a los funcionarios se le pidió a los diputados que hasta esta noche trasladen sus inquietudes, vía mail, para poder ordenarlas de acuerdo a las diferentes temáticas.
La metodología de trabajo, que incorpora como novedad el horario previsto para finalizar las reuniones, recibió algunos cuestionamientos de diputados de bloques opositores.
Entre los legisladores que criticaron esa estrategia, Paula Olivetto, de la Coalición Cívica-Hacemos Coalición Federal (HCF), argumentó que "los funcionarios tienen que venir a la Cámara a explicar la ley ómnibus y contestar preguntas".
"No es por Zoom. No es sin debate. Pareciera ser que no quieren que las cosas salgan. No es a las trompadas", completó. Por su parte, José Luis Espert explicó que "es una ley muy profunda, que contiene muchos artículos y muchos temas, por lo que se va a dar mucho debate".
Desde Unión por la Patria (U×P), en cambio, más allá de advertir sobre todas las cuestiones de forma de los últimos días, como el sistema de elección de autoridades de las comisiones y la idea de que los ministros expongan vía Zoom, mantienen su postura de rechazar el total de los 664 artículos incluidos en el megaproyecto.
También en la oposición están alertas por el apuro con que el Gobierno y el oficialismo parlamentario querrían avanzar con el tema: el límite de las sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero y la intención de algún diputado de LLA de emitir dictamen el próximo jueves son los factores que analizan.
En cuanto a los temas que el plenario de comisiones deberá abordar se destacan la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, que motivan el pedido de las mencionadas facultades delegadas.
También, se incluye la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó Milei el 20 de diciembre. Se solicita autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y los medios estatales, y se propone la suspensión de la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y se establece que el Gobierno dará aumentos por decreto.
