Redacción El Informe de Ceres
En la misma, se aconsejó una modificación al artículo 21 de la Carta Magna que deja en pie una amplia protección al sistema vigente, pero que no aborta a que el día que haya amplio consenso para levantar las anclas la Constitución no lo impida, como hubiese ocurrido si se la declara intransferible. Es ese sentido, introduce conceptos hoy no tenidos en cuenta, como que reconozca un sendero de eficiencia, pero con una redacción que dificultaría su pase al gobierno nacional o privatización.
El dictamen dice que “la Provincia organiza un sistema de seguridad social con carácter integral e irrenunciable, basado en los principios de solidaridad, equidad distributiva, accesibilidad, sostenibilidad y transparencia, destinado a la protección de las personas ante contingencias, conforme las leyes que lo reglamenten”.
Luego aclara, “que el sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público e indelegable. La administración está a cargo de un órgano específico. Se tenderá a la sustentabilidad del sistema a través de acciones progresivas, equitativas y razonables”.
Y finalmente, deja asentado que “los recursos que integran el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y no pueden destinarse a otros fines”.
El abogado previsional Eduardo Cóceres, anticipó esta situación: "En el dictamen que se hizo no está la clausula de intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones de la provincia al orden nacional, y preocupa muchísimo (...) Directamente hicieron una definición de que La Caja va a tener un carácter integral, irrenunciable pero no habla en ningún lugar de que sea intransferible".
Asimismo, fundamentaba su preocupación en que existe "una comunicación de que el gobierno nacional le hace al FMI que está trabajando en la Reforma Previsional, y entre los puntos que destaca es que se va a formar una sola caja, absorbiendo las cajas provinciales. Por eso era importante esta clausula".
