Casi cuatro años se tomó la provincia de Santa Fe para adherir a los cambios de la ley nacional de riesgos de trabajo, modificada durante la presidencia de Mauricio Macri. Si bien resta su reglamentación por parte del Ejecutivo, empresas y aseguradoras se frotan las manos ante una segura reducción de costos, que algunos estiman en un monto cercano a los 350 millones de pesos mensuales.

Según coincidieron diversas fuentes, ese ahorro comenzará a sentirse en los próximos meses y se terminará de consolidar a mediados de 2021.

Con la adhesión sancionada por la Legislatura, lo que vendrá es una baja en las alícuotas que pagan las empresas santafesinas a las ART. Según los últimos datos aportados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, mientras que a nivel nacional se paga un 2,68%, en nuestra provincia escala al 4,06%. En base a esa diferencia es que desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) calculan un ahorro de 350 millones de pesos (cada punto equivale a 280 millones de pesos).

No todos coinciden en esas cifras. En su discurso durante la sesión que aprobó las modificaciones, el diputado radical Julián Galdeano (uno de los que trabajó más fuertemente por la ley) habló de 200 millones de pesos, porque comparó lo que pagan las firmas santafesinas con sus pares cordobesas, de un perfil similar.

Consultado por este medio, el director Ejecutivo de las Aseguradoras del Interior de la República Argentina (Adira), Julián García, prefirió no pronosticar un número: “Es aventurado, porque hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. Por empezar, hay una inercia del sistema, que llevará un tiempo modificar. Pero además en el cálculo se tienen en cuenta variantes como por ejemplo la pérdida sostenida de empleos formales”, sostuvo, para luego subrayar la adhesión: “Es un paso adelante. A las ART les da un manejo de previsibilidad mucho más razonable”.

Más allá de las diferencias sobre los números, lo que asoma por detrás es una disputa entre empresas y aseguradoras. Hasta acá, ambas compartían la misma causa -la adhesión-, pero a partir de ahora comenzarán a desandar caminos separados. El tire y afloje ya comenzó y probablemente quede saldado para mediados del año próximo, según coincidieron diversas fuentes consultadas al respecto.

Los defensores de la adhesión sostienen que la baja de costos no será en desmedro de los trabajadores, sino por el ahorro en honorarios profesionales, principalmente de abogados. En 2018, el por entonces superintendente de Riesgos de Trabajo, Juan Pazo, calculó en 31.500 millones el monto anual que se llevaban dichos profesionales, a nivel nacional. No por casualidad los dueños de fábricas santafesinas se referían a la judicial como la única industria que seguía funcionando en tiempos de crisis.

Las estadísticas respaldan los argumentos vertidos por los hombres y mujeres de negocios de la provincia. Según las cifras publicadas por el Poder Judicial, en 2019 hubo en Santa Fe 24.575 demandas vinculadas a riesgos de trabajo, un 42% más que en 2018. Dicha variación es bastante más significativa que el salto que hubo en el total de demandas del sistema (creció 1,5%). Si se extiende un poco más en el tiempo la mirada, entre 2013 y 2019 las acciones por ART se incrementaron 93%, mientras que la suba promedio fue del 10%.

“La litigiosidad que se genera dentro del ámbito de la provincia, al carecer de la adhesión y del proceso administrativo, que es un proceso mucho más rápido, hacía que todo se canalizara vía judicial, sobrecargando los juzgados, con toda la lentitud que significa un procedimiento de esa naturaleza”, reflexionó el director ejecutivo de Adira, Julián García.

Lo que viene

El principal cambio que impulsa la normativa es, efectivamente, el reemplazo de la instancia judicial por una administrativa, en el ámbito de las comisiones médicas, creadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Será allí donde se analice la situación del trabajador afectado, determinando indemnizaciones y declaraciones de incapacidad.

“La adhesión, además de descomprimir la situación de congestionamiento que tiene la justicia ordinaria de trabajo, es un avance en la conquista de derechos de miles de trabajadores santafesinos” expresó oportunamente el diputado provincial Julián Galdeano, uno de los pocos que aportó números al debate. Según dijo, Santa Fe representa el 27,5% del total de juicios del sistema de riesgo del país.

La Legislatura estableció la creación de trece comisiones médicas (ocho fijas y cinco móviles), cuya actuación será supervisada en forma conjunta por el Poder Ejecutivo provincial y la Superintendencia. La votación fue dividida. En primer término, la Cámara de Diputados votó con cambios el texto que ya tenía media sanción del Senado, donde pocos minutos fue convertido en ley. En la Cámara de Baja hubo 27 votos a favor, nueve abstenciones y ocho votos en contra. Los diputados oficialistas Leandro Busatto y Ricardo Olivera pidieron abstenerse al momento de la votación. En el Senado no hubo votos en contra, tal como ocurrió el 25 de junio cuando se le dio la primera media sanción.

Según las cifras publicadas por el Poder Judicial, en 2019 hubo en Santa Fe 24.575 demandas vinculadas a riesgos de trabajo, un 42% más que en 2018.

El principal cambio que impulsa la normativa es, efectivamente, el reemplazo de la instancia judicial por una administrativa, en el ámbito de las comisiones médicas.