Redacción El Informe de Ceres
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, retiró este lunes el pedido para que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla en un penal los 6 años de condena que tiene en la Causa Vialidad. A diferencia de lo solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, Villar pidió que la exmandataria siga con arresto domiciliario, pero que se evalúe un cambio de domicilio para este beneficio.
El planteo de Villar llegó por escrito, poco antes de que comience la audiencia ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, en el primer piso de los tribunales federales de Retiro, donde no solo se debate el beneficio de la prisión domiciliaria sino también el régimen de visitas de CFK y la utilización de tobillera electrónica.
En su presentación, el fiscal observó que “en el momento actual, la condenada ya se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria sin que hasta el momento se haya verificado incumplimiento alguno de las reglas de conducta impuestas (por lo menos el Tribunal no ha dado cuenta de ello)”.
En ese sentido, planteó que “por no haberse quebrantado las condiciones del beneficio, no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual”.
Además, consideró que la prisión domiciliaria no presupone una ausencia de los controles y supervisión necesarios para evaluar el comportamiento de la condenada, “en particular atendiendo a cumplir los fines de la ejecución de pena establecidos”.
“En lo que a una pretensión de mayor seguridad para la condenada respecta, es cierto que el domicilio actual no aporta mayores garantías (sobre todo si la condenada realiza numerosas salidas a su balcón que aun con derecho a hacerlo, incrementa el riesgo), pero también lo es que la sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución, por lo que creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida”, evaluó Villar.
Y completó: “Es por esto por lo que esta representación del Ministerio Público Fiscal no presenta oposición a que la pena se siga ejecutando en la modalidad de prisión domiciliaria siempre que la condenada se mantenga a derecho y, en especial, atendiendo a las reglas de conducta impuestas”.
