Redacción El Informe de Ceres
La suspensión de cerca de 250 pensiones por discapacidad en el norte provincial generó preocupación y reclamos de familiares y organizaciones. Según denunció Mariela Peña, abogada especializada en derechos de las personas con discapacidad y presidenta de la Asociación Incluíme Santa Fe, los beneficiarios afectados nunca fueron notificados de manera formal ni tuvieron la posibilidad de presentarse a las auditorías.
“Las supuestas irregularidades denunciadas mediáticamente por el Gobierno nacional no fueron registradas ni en la Justicia ni en los organismos administrativos pertinentes”, explicó Peña.
La situación más crítica se dio en el departamento Vera, donde muchas de las personas con pensiones residen en zonas rurales. “Las cartas documento no llegaron a destino porque el correo no pudo repartirlas y terminaron en Reconquista. Los presidentes comunales se enteraron cuando retiraron documentación en el correo y encontraron con estas notificaciones”, relató.
Peña indicó que las auditorías se realizaron entre abril y julio en la zona norte, pero sin aviso fehaciente a los beneficiarios. “La gente se entera cuando va al banco y le informan que el beneficio está suspendido por no asistir a una auditoría de la que nunca tuvo conocimiento”, remarcó.
Desde Incluíme Santa Fe impulsan gestiones para recuperar las 250 pensiones afectadas en la Cuña Boscosa. “El 10,5% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, y estamos luchando para que se respeten sus derechos en una región donde el acceso a la información es todavía más complejo”, concluyó la abogada.
