Redacción El Informe de Ceres
En una sesión cargada de tensión política y con movilizaciones en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados le dio media sanción a dos iniciativas clave que representan un fuerte revés para el presidente Javier Milei: la Ley de Financiamiento Universitario y la declaración de emergencia en salud pediátrica, impulsada a partir de la delicada situación del Hospital Garrahan.
La primera, que busca aumentar las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades nacionales, becas y recomposición salarial, fue aprobada con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, quedando a solo un voto de los dos tercios. La segunda, que propone la asignación inmediata de fondos para hospitales pediátricos y exime de Ganancias a ciertos rubros del personal médico, obtuvo 159 votos afirmativos, superando los dos tercios con holgura.
Ambos proyectos deben ahora ser tratados por el Senado. Sin embargo, el hecho de que alcanzaran o se acercaran al umbral necesario para insistir ante un veto presidencial deja al Gobierno en una posición incómoda.
Rebeliones internas y fisuras políticas
Aunque el oficialismo logró cerrar acuerdos con algunos gobernadores, la votación reflejó fracturas en bloques aliados. En el PRO, varios legisladores se apartaron de la postura oficialista. El larretista Álvaro González votó a favor, mientras que la diputada Germana Figueroa Casas, docente universitaria, se abstuvo, pese a haberse opuesto en 2024. Desde la UCR, los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay evitaron votar.
También hubo señales políticas en las abstenciones y ausencias: el chaqueño Gerardo Cipolini (alineado con La Libertad Avanza) se ausentó en ambas votaciones, al igual que Francisco Morchio, ligado al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio (PRO).
La diputada santafesina Germana Figueroa Casas sostuvo que “el problema del financiamiento universitario no se resuelve con slogans” y pidió “diálogo y soluciones”. Desde el oficialismo, Gabriel Bornoroni replicó con dureza: “Tenemos un kirchnerismo de buenos modales y otro que va al frente, pero los dos son lo mismo. Quieren romper el equilibrio fiscal de Milei”.
Impacto fiscal y argumentos enfrentados
El argumento central de La Libertad Avanza fue el costo fiscal de ambas medidas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la emergencia hospitalaria implicaría un gasto de $65.573 millones entre julio y diciembre, que anualizado llegaría a $133.433 millones. En cuanto al proyecto universitario, la OPC no realizó un cálculo, pero la oposición estimó el costo en un 0,14 % del PBI ($1059 millones), mientras que el oficialismo lo ubicó por encima de los $1500 millones.
Proyectos provinciales en agenda
Sin bloqueo por parte del oficialismo, también avanzaron otras iniciativas con fuerte respaldo de los gobernadores. Una de ellas, que garantiza un reparto automático del 1% de los ATN a las provincias, se discutirá el miércoles 13 de agosto. Ese mismo día, se tratará en plenario la eliminación de fideicomisos y fondos específicos (como el de transporte y vivienda), que propone una redistribución del impuesto a los combustibles a favor de las provincias. La oposición buscará dictaminar estos proyectos para llevarlos al recinto el 20 de agosto.
El rol de los gobernadores
Las posturas adoptadas por las provincias se vieron reflejadas en la conducta de sus diputados. Mientras los representantes de Córdoba, Jujuy y Santa Fe acompañaron ambas leyes, hubo ambigüedades en Santa Cruz y Chubut. En el caso de Tucumán, el bloque “Independencia” mostró un giro tras el cambio de postura del gobernador Osvaldo Jaldo y votó a favor de ambas iniciativas, tras más de un año de alineamiento con el oficialismo. Lo mismo ocurrió con legisladores cercanos a los mandatarios de San Juan y Salta.
