El Gobierno desarmó la Defensoría del Público y echó a más de 100 empleados

El Gobierno despidió más de 100 empleados de la Defensoría del público, en lo que fue una reducción brutal antes de que termine el 2024.

Nacionales27/12/2024Redacción El Informe de CeresRedacción El Informe de Ceres

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En una medida que generó polémica, el Gobierno decidió despedir a más de 100 empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), un organismo que, según denunció, funcionaba como una herramienta de persecución contra periodistas críticos del kirchnerismo.

Federico Sturzenegger justificó la decisión señalando que, desde su creación en 2009, la Defensoría consumió 70 millones de dólares en recursos públicos y estaba orientada a recolectar denuncias repetidas contra comunicadores que cuestionaban al oficialismo de aquel entonces. "Después critican al presidente Javier Milei", lanzó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, desde su cuenta de X (antes Twitter).

Sturzenegger cargó contra el funcionamiento de la Defensoría, destacando episodios como el uso de un estudio de televisión portátil para actividades en la costa durante el verano. Según él, esas iniciativas se utilizaban para "adoctrinar a los chicos contra los críticos del kirchnerismo".

La medida la formalizó el Gobierno a través de la Resolución 107, que redujo la planta del organismo de 144 empleados a 40. "Esto alivia la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución", señaló el funcionario, quien también instó al Congreso a debatir la continuidad de este tipo de instituciones.

En el texto de la resolución, firmado por la titular interina del organismo, Soher El Sukaria, se argumenta que el funcionamiento de la Defensoría revelaba un “sobredimensionamiento estructural” y una superposición de funciones con otros entes públicos. Además, se advirtió que el 95% del presupuesto del organismo estaba destinado a gastos en personal.

 
El presupuesto proyectado por el Gobierno para 2025, de $4400 millones, fue otro de los puntos señalados por las autoridades para justificar la reorganización. Según la resolución, la reducción de la dotación de empleados busca lograr una estructura óptima que priorice funciones estratégicas y reduzca costos.

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