Redacción El Informe de Ceres
En un contexto de tensiones políticas, el Senado argentino aprobó una nueva paritaria para los trabajadores del Congreso que impactará directamente en las dietas de los senadores, quienes pasarán a percibir más de $10,2 millones en bruto a partir de noviembre.
Este incremento, resultado de un sistema de “enganche” salarial establecido en abril de 2024, ha reavivado el debate sobre los privilegios de la clase política en un país donde la inflación y la crisis económica afectan a millones.
El ajuste se basa en un mecanismo aprobado por oficialismo y oposición, que fija las dietas de los senadores en 4.000 módulos: 2.500 por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, este último no percibido por cuatro legisladores.
Con la reciente paritaria, que incluye aumentos del 1,3% para junio, julio y agosto (más un bono de $25.000) y del 1,2% para septiembre, octubre y noviembre (con un bono de $20.000), el valor del módulo se eleva a $2.554. Multiplicado por los 4.000 módulos, las dietas alcanzan los $10,2 millones en bruto, antes de descuentos como el Impuesto a las Ganancias.
La medida ha generado controversia. En junio, tras un aumento que llevó las dietas a $9,5 millones, varios bloques, incluyendo La Libertad Avanza, el Pro y la UCR, renunciaron al incremento, mientras que la mayoría del kirchnerismo, con excepciones como Fernando Rejal y Alicia Kirchner quien optó por mantener su jubilación, lo aceptó.
La santacruceña Natalia Gadano, cuya postura oscila entre oposición y apoyo al oficialismo, no aclaró su posición.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, intentó desvincularse de la polémica firmando una resolución en junio que permitía a los senadores decidir individualmente si aceptaban o no el aumento, pero la falta de consenso para congelar las dietas nuevamente ha dejado el tema en manos de los legisladores.
Villarruel, quien en enero extendió el congelamiento hasta marzo, afirmó que cualquier decisión futura debía surgir de los bloques en sesión.
El acuerdo paritario, firmado por Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem, con el respaldo del líder de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, también beneficia a los empleados del Congreso.
Sin embargo, la brecha entre los $10,2 millones de los senadores y los $653.000 de un trabajador legislativo de menor rango ha avivado críticas en un contexto de ajuste económico.
Mientras el Gobierno enfrenta una sesión compleja en el Senado, el aumento salarial de los legisladores, que supera los acuerdos paritarios de gremios como camioneros o metalúrgicos, refuerza las acusaciones de privilegios de la “casta política”.
