El Gobierno prorroga la emergencia energética y continuarán los aumentos de tarifas

Esto significa que el Gobierno seguirá decidiendo los aumentos de tarifas sin tener un marco regulatorio claro, como viene sucediendo desde su asunción. La postergación de la emergencia en materia energética se confirmó en el decreto publicado este miércoles que extiende su vigencia a través del DNU 1023/2024.

El artículo 1° del Decreto N° 55/2023 declaró la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2024 y en su artículo 3° se determinó el inicio de la revisión tarifaria, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural y se estableció que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podía exceder del 31 de diciembre de 2024.

El texto oficial dice que la extensión es necesaria para poder tomar medidas que aseguren que el servicio no se interrumpa, mientras se coordinan los objetivos y plazos dentro de la emergencia. Durante este tiempo, las tarifas se ajustarán teniendo en cuenta la inflación futura.

La emergencia implica mantener la intervención de los entes reguladores. Tanto el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) como el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) seguirán con autoridades provisorias designadas por el Poder Ejecutivo y sin unificarse (como pretendía hacer el gobierno libertario).

Finalmente, la prórroga también supone que se mantiene el sistema actual de subsidios para el sector con incrementos de tarifas. Esta decisión también se debe considerar en el presupuesto nacional del año próximo que, por ahora, está demorado en el Congreso de la Nación.

 
En esta línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, considera desde un comienzo la eliminación de los subsidios a la energía para la clase media y podría anunciarlo antes de fin de año.

Esto significa que se va a terminar el sistema de segmentación que comenzó en octubre de 2022, donde se diferenciaban los usuarios según sus ingresos: los de ingresos altos (N1), medios (N3) y bajos (N2). En su lugar, todos pagarán "el costo real de la energía", excepto algunos que seguirán recibiendo ayuda del Estado a través de la tarifa social.