El Gobierno extendió la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2026 y se posterga la normalización regulatoria de la energía eléctrica y el gas que, en principio, estaba prevista para que estuviera lista como máximo este 31 de diciembre de 2024.
Nacionales20/11/2024
Redacción El Informe de Ceres
Esto significa que el Gobierno seguirá decidiendo los aumentos de tarifas sin tener un marco regulatorio claro, como viene sucediendo desde su asunción. La postergación de la emergencia en materia energética se confirmó en el decreto publicado este miércoles que extiende su vigencia a través del DNU 1023/2024.
El artículo 1° del Decreto N° 55/2023 declaró la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2024 y en su artículo 3° se determinó el inicio de la revisión tarifaria, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural y se estableció que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podía exceder del 31 de diciembre de 2024.
El texto oficial dice que la extensión es necesaria para poder tomar medidas que aseguren que el servicio no se interrumpa, mientras se coordinan los objetivos y plazos dentro de la emergencia. Durante este tiempo, las tarifas se ajustarán teniendo en cuenta la inflación futura.
La emergencia implica mantener la intervención de los entes reguladores. Tanto el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) como el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) seguirán con autoridades provisorias designadas por el Poder Ejecutivo y sin unificarse (como pretendía hacer el gobierno libertario).
Finalmente, la prórroga también supone que se mantiene el sistema actual de subsidios para el sector con incrementos de tarifas. Esta decisión también se debe considerar en el presupuesto nacional del año próximo que, por ahora, está demorado en el Congreso de la Nación.
En esta línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, considera desde un comienzo la eliminación de los subsidios a la energía para la clase media y podría anunciarlo antes de fin de año.
Esto significa que se va a terminar el sistema de segmentación que comenzó en octubre de 2022, donde se diferenciaban los usuarios según sus ingresos: los de ingresos altos (N1), medios (N3) y bajos (N2). En su lugar, todos pagarán "el costo real de la energía", excepto algunos que seguirán recibiendo ayuda del Estado a través de la tarifa social.
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La caída de la natalidad impacta en la cantidad de estudiantes, y obliga a reorganizar el sistema educativo.
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El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE resolvió iniciar una medida de fuerza cuando inicie el debate del proyecto en el Senado.
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Según el organismo, los beneficiarios recibirán sus haberes "sin demoras".
El Estimador Mensual de Actividad Económica registró una leve retracción tanto frente a noviembre de 2024 como en la comparación mensual. Intermediación financiera y el sector agropecuario mostraron subas, pero no alcanzaron a compensar las caídas de la industria y el comercio.
En diciembre, la suba de precios fue del 2,4% y sufrió una aceleración del 0,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, no impidió que el acumulado del año sea el menor desde 2017.
El Gobierno de Santa Fe avanza en la recuperación de las rutas provinciales 23 y 39. El tramo conecta Arrufó con el límite de la provincia de Córdoba. Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “se trata de la repavimentación más extensa en el departamento San Cristóbal impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. La inversión supera los 32.000 millones de pesos”
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Al referirse al asesinato ocurrido en la ciudad de Santa Fe, el gobernador sostuvo que los delitos graves deben recibir sanciones acordes y respaldó el tratamiento de una reforma a la Ley Penal Juvenil en sesiones extraordinarias, con fuertes críticas al kirchnerismo.
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La provincia inicia una transformación hacia el "papel cero" con la implementación de un módulo de gestión digital. El proceso busca garantizar transparencia y facilitar la participación de proveedores de todo el territorio.
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Comenzará el lunes 2 de febrero y se completará el viernes 6. Los pasivos que cobren hasta $1.150.000, junto con personal policial y penitenciario, tendrán acreditado el cobro en sus cuentas el sábado 31 de enero.
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El ministro de Educación, José Goity, adelantó que la convocatoria formal dependerá del Ministerio de Trabajo y que la propuesta salarial estará a cargo de Economía. Ratificó que las clases comenzarán en tiempo y forma.
