El juego clandestino mueve en la provincia de Santa Fe 1.100 millones de pesos mensuales

El juego clandestino, un delito que tiene una larga historia en la provincia, mueve actualmente 1.100 millones de pesos por mes en Santa Fe. Esa fue la cifra “negra” que estimaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery para dimensionar el poder que tiene esta actividad, que derrama fondos para alimentar las complicidades desde el Estado que garanticen su “normal” funcionamiento, como se estableció en las investigaciones que avanzan en Rafaela y Rosario, donde se acusó a jefes policiales y fiscales de ser parte de este engranaje de corrupción.

La dimensión económica del juego clandestino fue uno de los puntos que se profundizaron en una audiencia en la que los fiscales pidieron una prórroga de la prisión preventiva para el exfiscal regional Patricio Serjal, una medida que fue avalada por la jueza Eleonora Verón. Serjal seguirá detenido en la cárcel de Piñero por lo menos hasta febrero, luego de que la magistrada rechazara el planteo de la defensa que solicitó que el exfuncionario pase a tener prisión domiciliaria.

Cortesía

En este nuevo capítulo del caso de las coimas, que habrían recibido Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad -también detenido-, los fiscales plantearon que en el avance de la investigación detectaron un incremento patrimonial de Serjal desde que asumió como fiscal regional.

“Identificamos un desfasaje financiero significativo”, plantearon Edery y Schiappa Pietra y detallaron que el análisis económico por parte del organismo advierte un aumento estimado de $ 2.500.000 a partir de abril de 2017, cuando asumió Serjal como fiscal regional.

En agosto pasado, cuando la jueza Verón ordenó la prisión preventiva de Serjal, acusado de recibir coimas del empresario “arrepentido” Leonardo Peiti, la defensa del exfiscal planteó que el entonces funcionario no había tenido un aumento en su patrimonio ni en sus cuentas bancarias. Este argumento comienza a resquebrajarse después de la audiencia de este lunes.

Schiappa Pietra aclaró que aunque todavía no terminaron el trabajo de revisión de los gastos e ingresos de Serjal creen que los números de su patrimonio mejoraron producto del cobro de coimas a cambio de protección a los delincuentes y dentro del escenario provisorio que describieron asoma la compra de un terreno.

"En definitiva lo que la jueza ha valorado en este caso es también un terreno que es propiedad de Serjal, quien tuvo un incremento patrimonial desde abril de 2017 hasta ahora, que es cuando asumió como fiscal regional. Y si bien mejoró sus ingresos, se nota un desfasaje financiero”, reseñó Schiappa Pietra.

“Descubrimos que adquirió un terreno que mejoró su patrimonio y que es objeto de análisis porque no se había advertido al momento de la primera audiencia. Estos son elementos que estamos empezando a analizar, porque es un relevamiento patrimonial complejo y lo que estamos haciendo y lo explicamos en la audiencia, es dar cuenta de un fenómeno criminal mucho más grande que tenemos por delante", dijo Schiappa Pietra.

“Cuando en agosto imputamos a Serjal veníamos investigando a una organización vinculada a extorsiones que, a partir de la aparición de Peiti, nos abrió pistas vinculadas al juego ilegal. Hay que tener en cuenta que la recaudación del juego legal se estima en unos 1.100 millones de pesos mensuales y el dinero que mueve el juego ilegal se estima en base a esos montos. Por eso le explicamos a la jueza que estamos ante una investigación que se nos abre hacia un terreno con vinculaciones de distinto orden, teniendo en cuenta que se está demostrando la incumbencia de la participación policial en el soporte para esas organizaciones”, aseguró el fiscal.

En agosto pasado, cuando los dos fiscales fueron detenidos, los fiscales explicaron en la audiencia imputativa cómo funcionaba la red de complicidades que favorecía a Peiti, capitalista de juego clandestino, que “aportaba” 5.000 dólares mensuales a los funcionarios para evitar que se activaran las investigaciones contra esta actividad ilegal en el sur de la provincia.

El sábado pasado en Rafaela el fiscal Martín Castellanos describió en una audiencia, en la que quedaron imputados cinco jefes policiales de Rafaela, cómo funcionaba la red de coimas que recibían los uniformados de parte de David Perona, uno de los socios de Peiti en esa región.

Este hombre obeso, que controlaba casinos ilegales y salas de juego online, no tenía necesidad de esconder esa actividad ilegal porque pagaba coimas generosas a los jefes de la policía de la Unidad Regional V, con sumas que iban desde 120.000 a 280.000 pesos por semana o cada 15 días.

Los cuatro policías retirados y uno en actividad que quedaran detenidos por 90 días tuvieron altos cargos en la estructura policial en la Unidad Regional V de Rafaela, como Juan Pablo Bengoechera, de 48 años, que fue jefe de la URV y también de la URII, de Rosario; José Pérez, de 51 años, que llegó a ser subjefe de la Policía de Santa Fe; Fabián Forni, ex titular de la URIX de Reconquista, que pidió su pase a retiro en diciembre pasado en oposición a los cambios que hizo el Ministerio de Seguridad en la fuerza. También fue imputado Javier Gorosito, ex jefe de Orden Público de Rafaela, y Flavio Aranda, quien es el único de los detenidos que se encuentra en actividad; fue titular de la Agrupación Cuerpos en la época en que Bengoechea era jefe de la Unidad Regional de Rafaela.

Forni, Aranda y Bengoechea cobraban sumas de dinero mayores, que oscilaban entre los 120.000 y 280.000 pesos semanales y cada quince días.

Según la imputación que hizo el fiscal Castellanos, Perona y Marcelo Uberti, uno de sus socios, entregaban por semana a Gorosito y Pérez 120.000 pesos. “Esas sumas de dinero eran entregadas de forma personal y provenían de la ganancia de la actividad de los juegos de azar”, señaló el fiscal en la audiencia. A Gorosito, por ejemplo, le entregaban la “coima” en la intersección de las calles Mitre y José Ingenieros, debajo de las tribunas del estadio de Atlético Rafaela. Otras veces le daban los sobres en la jefatura de Policía.

De acuerdo a la acusación, Forni, Aranda y Bengoechea cobraban sumas de dinero mayores, que oscilaban entre los 120.000 y 280.000 pesos semanales y cada quince días. El ex jefe de la URV enviaba a un subalterno a buscar la plata de las supuestas coimas, según Castellanos. El periodo que demarcó el fiscal sobre el cobro de sobornos es entre 2015 y noviembre de 2017.

“Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias”, describió el funcionario.

Fuente: Aire de Santa Fe