Redacción El Informe de Ceres
El domingo 29 de junio habrá elecciones generales en la provincia de Santa Fe, en la que se definirán cargos comunales y municipales. Así ocurrirá en Villa Saralegui, una pequeña población del departamento San Cristóbal, que en los últimos años estuvo marcada por hechos de violencia y denuncias por presunta corrupción institucional.
De hecho, los contrincantes para los comicios venideros serán dos:
El ex presidente y caudillo local, Walter Adán Sola, quien a su vez aguarda un juicio oral en agosto por “lesiones, daño y amenazas” contra un productor rural de la zona.
Y el actual interventor de la comuna, Jorge Daniel Piriz, que desde hace 15 meses administra el pueblo sin haber sido elegido por sus habitantes.
lEl primero -Sola- ocupó el cetro del poder comunal durante una década, cuando fue electo por primera vez en diciembre de 2013 por el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), hasta su desplazamiento en abril de 2024 cuando el Gobierno provincial decretó la intervención.
El segundo -Piriz-, se encuentra a cargo de la normalización comunal desde entonces y ahora participa en un mano a mano con Sola, bajo el paraguas del oficialismo, con el sello de Unidos Para Cambiar Santa Fe.
El último mandato de Sola quedó trunco el miércoles 3 de abril de 2024, cuando se publicó por Boletín Oficial el decreto 0419.
Ese mismo día Piriz fue puesto al frente de la comuna, en un acto encabezado por dos funcionarios del Ministerio de Gobierno, Ramiro Dallaglio y Horacio Ciancio, y con la presencia del senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig y el diputado Marcelo González.
Previamente, el “caso Saralegui” tuvo su paso por la Legislatura. En el Senado, el representante departamental Michlig, impulsó la sanción de un proyecto de ley disponiendo la fiscalización externa de la gestión Sola.
En la Cámara Alta la intervención se votó el 21 de marzo y la propuesta estuvo basada en “una larga lista de sucesos que (...) desde hace un tiempo vienen poniendo en riesgo el normal funcionamiento y desarrollo institucional del ente local y, en consecuencia, la propia vida en comunidad de los vecinos y vecinas de la localidad”, dice el fundamento del proyecto.
Una semana después, el 27 de marzo de 2024, la Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley la intervención de Villa Saralegui, con 28 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones.
Además del nombramiento de un interventor, la decisión implicó la remoción de la gestión comunal y la convocatoria a elecciones, un proceso que entonces se especuló podría producirse en 6 meses, sin embargo pasaron casi 15
Tras la sanción de la Ley N° 14.257, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia firmaron el decreto 0419.
Allí se establece "que el interventor desempeñará sus funciones con arreglo a lo establecido por la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de Comunas N° 2.439 (t.o.), Ordenanzas Comunales y a las instrucciones que le imparta el Poder Ejecutivo Provincial, al cual rendirá cuentas de su gestión".
Origen del conflicto
El conflicto se remonta casi al inicio de la gestión Sola, cuando tras asumir el primer mandato aumentó en un 100% el impuesto de la tasa por hectárea a los productores del distrito.
Eso, sumado a la falta de rendición de cuentas y la ausencia de mejoras para los productores -por ejemplo en el arreglo de caminos-, derivó en lo que ellos mismos denominaron una “rebelión fiscal”, tensando al extremo las relaciones.
Muestra de ello fue lo ocurrido el 3 de octubre de 2022, cuando Sola fue denunciado por golpear al productor agropecuario Leonardo González Kees, dentro de la comuna, cuando el ganadero fue a reclamarle por haber sacado una tranquera en inmediaciones de su propiedad.
Por ese hecho, el funcionario y su hijo Nicolás irán a juicio el 13, 14 y 19 de agosto. Ambos están acusados por los delitos de “lesiones, daños y amenazas” en perjuicio de González Kees, dueño del establecimiento Los Retoños, que tributa en V. Saralegui y que además es cuñado del diputado nacional José Luis Espert, quien en varias oportunidades se manifestó respecto al asunto.
Intento de homicidio
Y si bien el 10 de septiembre de 2023 Sola volvió a ganar las elecciones con el 46,7% del padrón y el 60,8% de los votos válidos, una serie de episodios de violencia extrema ocurridos en el verano de 2024 terminaron por desbancarlo.
El 7 de marzo de 2024 se produjo el intento de homicidio de Matías Gamboa, quien en 2023 encabezó la lista opositora a Sola y el 1 de marzo había solicitado la intervención de la comuna. El hombre de 42 años fue interceptado en la ruta provincial Nº 2 a la altura del paraje La Petronila, cuando se detuvo al costado del camino a cargar combustible con un bidón.
El agresor, que permanece en prisión preventiva desde entonces, es Rodrigo Nicolás Basigalupo, empleado de la comuna y chofer de Sola. Está acusado por “homicidio en grado de tentativa” -contra Gamboa- y “amenazas” -a un testigo-, ambos “calificados por el empleo de arma de fuego”.
Y si bien se habló de una instigación por parte del jefe comunal, esto aún no ha sido imputado por la fiscalía. Gamboa se salvó de milagro, puesto que recibió tres balazos en el maxilar, el hombro y el costal derecho y logró escapar entre los pastizales del alcance de su agresor.
Lo que siguió fue un derrotero de acusaciones que acorralaron a Sola. El 11 de marzo, González Kess, radicó denuncia policial señalando al presidente comunal de haber ordenado su ejecución a un ex empleado comunal en 2022.
El propio Gamboa, que por entonces era ladero de Sola, habría dicho en un audio de Whatsapp, que lo mismo que le ocurrió a él este año, le había sido encomendado tiempo atrás contra el dueño de Los Retoños.
Por otra parte y a partir del análisis de las cuentas públicas tras la intervención, el 2 de mayo, Gamboa -que tenía un lugar como primera minoría-, reveló que su agresor Basigalupo habría recibido 34 millones de pesos de parte de la comuna en los 6 meses previos a su intento de homicidio. Por este último hecho también hay una investigación abierta en la Fiscalía de San Justo.
Entretanto, entre marzo y abril de 2025 el Tribunal Electoral Provincial (TEP) también tomó cartas en el asunto cuando se formalizaron las dos listas que competirán en los comicios del 29 de junio: Unión Libertad y Progreso (Sola, Farías, Aguirre) y Unidos Para Cambiar Santa Fe (Piriz, Sánchez, Sandoval).
El 20 de marzo el Procurador General ante la Corte, Jorge Barraguirre viajó al pueblo para corroborar por sí mismo la situación de 214 electores observados del padrón de Villa Saralegui. A la semana siguiente firmó un dictamen mediante el cual recomendó la exclusión de 190 votantes.
"Esta Procuración Fiscal Electoral entiende que corresponde -salvo mejor criterio del Tribunal Electoral- observar a los 190 electores de la localidad de Villa Saralegui (departamento San Cristóbal)" detallados en dos apartados del dictamen que firmó Barraguirre.
Finalmente el 9 de abril -previo a las PASO y a la elección de convencionales constituyentes del 13 de abril-, el Tribunal Electoral ordenó excluir del padrón a 197 electores, haciendo lugar al planteo de los apoderados de Unidos para cambiar Santas Fe que los habían impugnado por problemas de residencia, tal como lo exige la ley.
