Redacción El Informe de Ceres
El Ministerio de Desarrollo Productivo, liderado por Gustavo Puccini, con el objetivo de lograr leficiencia y en “garantizar que la plata de los santafesinos se invierta de manera eficiente y cuidada”, llevó adelante una auditoría del Boleto Educativo y, tras cruzar datos con universidades e instituciones educativas de distintos niveles, se dieron de baja 34.606 beneficios del Boleto Educativo por incumplimientos en los criterios establecidos por el programa. Una de las principales causas fue la pérdida de regularidad académica y la no residencia en la provincia.
“Son recursos importantes los que se invierten en este programa, y queremos que lo tengan aquellos que lo merecen y que cumplen con la reglamentación. La sociedad nos pide que cortemos con la joda en el Estado, y hacer estos controles también es terminar con la joda porque si hay alguien que tiene el Boleto y no va a estudiar, o que no cumple con los requisitos, es injusto para quien sí cumple”, señaló Puccini.
Además sostuvo: “Esto es poner orden. Si alguien accede al beneficio sin cumplir las condiciones, está perjudicando a quienes sí hacen las cosas bien. Cada peso que invierte en este programa la gestión liderada por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, tiene que estar respaldado por responsabilidad y transparencia. No hay lugar para la trampa”.
Irregularidades
Según datos oficiales, las bajas incluyen 32.527 estudiantes, 1.327 docentes y 752 asistentes escolares. Las principales causas fueron la pérdida de regularidad académica, la falta de domicilio en la provincia y la no acreditación de condición de alumno regular en instituciones educativas.
Un ejemplo: en la Universidad Nacional de Rosario, se identificaron 13.706 casos de beneficiarios que no cumplían con la condición de estudiante regular. En total, 24.800 bajas se vinculan a la pérdida de regularidad y 9.806 a domicilios fuera de la provincia.
Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, afirmó: “El sistema tiene que ser justo. Si no se cumplen las condiciones, no corresponde recibir un beneficio que se financia con fondos públicos. No es viveza, es fraude”.
