Una provincia prorroga las jubilaciones sin los años de aporte y con moratoria que ANSES ya cortó

El gobierno de Chaco prorrogó hasta el 31 de diciembre los regímenes de la ventana jubilatoria y moratoria, pese a que ANSES los diera por finalizados en marzo y que constituyen uno de los motivos de las movilizaciones de protesta de los miércoles en Buenos Aires.

El mandatario Hugo Passalacqua, en el informe de gestión y proyecciones dado a conocer, extendió el plazo de este importante beneficio, al que se hallan adheridos 51 municipios, y a lo largo de 2024, unas 394 personas pudieron acceder a su jubilación bajo estos regímenes. 

En el reporte quedó de manifiesto cómo afectó el desfinanciamiento nacional en sus arcas, y como ejemplo puso que “tan sólo en medicamentos para pacientes hemofílicos y oncológicos cubrimos con recursos provinciales más de 1.500 millones de pesos”.

El 23 de marzo de 2025 venció la última extensión de la moratoria previsional, por lo que a partir de esa fecha, quienes no cumplen con los 30 años de aportes solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años.

Esto impacta especialmente en mujeres de entre 60 y 64 años y en los cónyuges de beneficiarios, ya que la PUAM no genera pensión por fallecimiento.

El cese de la moratoria previsional dejó a millones de adultos mayores, que no tienen 30 años de aportes, sin la posibilidad de acceder a la jubilación por esta vía.

Con la decisión que tomó el gobierno de Javier Milei, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones pasan a cobrar -en el “mejor” de los casos- el 80% de la jubilación mínima, a través de la PUAM.

Actualmente, se discute en el Congreso la ley en la que se sustentaba la moratoria a la que el Poder Ejecutivo puso punto final.

El plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda realizó una reunión informativa, con invitados a exponer sobre los proyectos de ley que apuntan a extender por dos años este mecanismo.

La encabezó la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, que preside la primera de las comisiones, pero no estuvo el oficialista José Luis Espert, que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda.

La voz de quienes se manifiestan cada semana en la puerta del Congreso, reclamando por su derecho a una jubilación que permita vivir, estuvo representada por activistas como Liliana Kunis Mesa, del Plenario de Jubilados, y por Marcos Wolman, integrante de la mesa coordinadora de jubilados y pensionados, que fueron invitados por el Frente de Izquierda.

Marcos Wolman denunció la represión que sufren cada miércoles y destacó que “el problema es la pérdida del poder adquisitivo del haber jubilatorio durante décadas, agudizadas por las políticas de ajustes y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional”.

Destacó que “el haber mínimo de mayo es de 287.537 pesos de bolsillo, a esto se le adicionan los 70.000 pesos sin actualización del bono. Es menos del 30% de la canasta básica de una persona mayor que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires elabora hace más de 12 años y que en mayo fue de 1.200.000 pesos. Nadie puede vivir con 357.000 pesos”, subrayó.

No está claro qué le espera al sistema previsional argentino en el futuro. Existen distintas opciones.

Una posibilidad sería extender la moratoria actual mediante un decreto del Poder Ejecutivo o una nueva ley del Congreso, lo que garantizaría la continuidad de la cobertura.

El contraargumento es que también perpetuaría el alto costo fiscal, la inequidad y los incentivos a la informalidad laboral.

Jurisdicciones como Chaco siguieron el camino de no dejar desguarnecidos a los adultos mayores que están por ingresar al sistema mientras se define por cual será reemplazado.

Una alternativa es la creación de una prestación proporcional para quienes no alcancen los 30 años de aportes.

Sin embargo, esto complejizaría aún más el sistema y profundizaría las diferencias entre quienes cumplen con los años requeridos y quienes no.

CIPPEC considera que una reforma integral es el camino correcto, pero su éxito depende de un amplio consenso técnico y político.

Propone, para avanzar en esa dirección, la creación de una comisión de expertos que, convocada por el Poder Ejecutivo, desarrolle estudios y consultas con todos los sectores involucrados, con el objetivo de presentar una propuesta concreta a finales de 2025.