Redacción El Informe de Ceres
Ariel García Furfaro, empresario y dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., expuso que, si tiene algo que ver con el fentanilo contaminado y las muertes en torno al opioide adulterado, que “me corten la cabeza”.
En medio de la escandalosa y triste causa, en la que ya hay 87 muertes confirmadas y otras nueve bajo investigación en Bahía Blanca, el empresario ligado al kirchnerismo comenzó a hablar de manera pública y, en diálogo con TN, destacó que sabía que le iban “hacer esta maldad”.
“Cuando me mandaron a cobrar coimas del PAMI los saqué a patadas en el culo. Y hoy estoy pagando las consecuencias”, sostuvo García Furfaro.
Asimismo, a pesar de la cifra de fallecidos que hay, el dueño de los laboratorios bajo la mira señaló que por el momento “no se demostró que alguna ampolla haya matado a una persona”.
Frente a este escenario, remarcó que pudo haber sido un “caso de negligencia” y que, si tiene algo que ver con el caso, “pongo la cabeza para que me la corten”.
A su vez, el empresario habló con la periodista Camila Dolabjian, de Radio Rivadavia, y allí confirmó su fanatismo por la ex presidenta condenada Cristina Kirchner: "¿Cómo no la voy a admirar a Cristina si dicen que no es abogada?".
En el video también admitió que se reunió con el ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, porque lo "admira", y justificó la aparición de su domicilio en una empresa de Lázaro Báez diciendo que el contador "tenía el domicilio, pero después fue con Top Air".
La agencia Noticias Argentinas también accedió a una de las presentaciones de García Furfaro donde pretendió culpar al ex Diputado provincial Andrés Quinteros de estar detrás de la contaminación del fentanilo.
En el escrito presentado en julio de este año señaló que supo, por parte del sereno del laboratorio Ramallo S.A., que por las noches un helicóptero sobrevoló la zona y que, por su marca y color, sería del ex diputado provincial.
En este marco, el empresario dio una insólita explicación al sostener que esto “lo llevó a pensar” en que se utilizó el helicóptero para arrojar “algún producto incriminante (veneno) en el predio exterior del laboratorio, para simular luego un hallazgo accidental”, para después complicar su situación pública y procesal.
