Redacción El Informe de Ceres
Después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización", denunció el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, a través de su cuenta en la red social X.
En ese sentido, explicó que desde su bloque habían solicitado una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC que no fue posible. "Nos notificaron la baja de la medida cautelar", agregó. De esta manera, sentenció: "El Gobierno decidió que desde el 1 de julio ya no haya control ni supervisión de las cuotas de las prepagas".
Así, vuelve a estar vigente el DNU 70/2023 que desreguló el sector de la medicina privada y autorizó los aumentos indiscriminados en las cuotas. Antes de esto, las prepagas aumentaban cuando lo estipulaba el Ministerio de Salud o la Superintendencia y con aumentos limitados, según cada caso.
La Superintendencia podía controlar los precios que los usuarios pagaban y fijar cantidades mínimas que los proveedores debían recibir. También, un decreto del 2022 establecía aumentos graduales en las tarifas de las prepagas.
"No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo", advirtió Reyes.
