Redacción El Informe de Ceres
La idea del Gobierno es que se pase a subsidiar la demanda. Para ello, busca elaborar la Canasta Básica Energética (CBE), que contemplaría las necesidades básicas de consumo de electricidad y de gas de los hogares, para cada mes del año, según su ubicación geográfica.
Ahora la conformación de la CBE y la correspondiente quita de subsidios está prevista para junio o julio. De esta manera, el Gobierno pospone los recortes en un área cuyos gastos rondan entre los 2.500 y 3.000 millones de dólares.
Los compromisos que el Gobierno estableció con el FMI implican una suba de 200% para las tarifas de luz y 150% para las de gas. El horzonte era llegar a abril con facturas que cubran la tarifa plena, con excepción de los hogares vulnerables, donde se piensa mantener un porcentaje del subsidio.
La sintonía fina que debe hacer el Ministerio de Economía en coordinación con la Jefatura de Gabinete para determinar a quiénes les corresponde el subsidio y a quienes no les obliga a tener ciertos retrasos en la aplicación del ajuste.
Hasta ahora, siete de cada diez usuarios siguen pagando menos del 10% de lo que valen los servicios. Por ahora solo se eligió cargar el ajuste sobre los hogares de altos ingresos y los comercios e industrias.
La postergación complica el camino trazado para la reducción del déficit fiscal, al cual Milei y Caputo se muestran férreamente comprometidos. Para obtener el superávit, lo más probable es que en los próximos meses deban recurrir a métodos extremadamente discrecionales. Durante los meses de enero y febrero, el Gobierno decidió no pagarle a Cammesa, la empresa distribuidora de energía, con tal de alcanzar el superávit financiero mensual.
