El fiscal federal de Rafaela y Santa Fe, Gustavo Onel, habló en exclusiva con Aire de Santa Fe por la causa que investiga la intoxicación de 21 personas que ocuparon el predio de Nesaglo S.A., ubicado en el barrio Las Américas de la ciudad de Cerés, en el departamento San Cristóbal.
 
Recientemente, el juez federal Reinaldo Rodríguez, citó a indagatoria a tres personas tras el pedido del representante del Ministerio Público Fiscal. Se trata de Mónica Mabel Ucero, quien actualmente está a cargo de la Dirección General de Desarrollo Sustentable Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y los directivos de la empresa, Daniel Osmar Ochoa y Norma Inés Orellano.

 Los tres deberán presentarse el próximo 1 de septiembre en el Juzgado federal de Rafaela, fecha que fue establecida por el juez luego de hacer lugar pedido que hizo el fiscal Onel, en su pedido de indagatoria.

Al respecto, el fiscal a cargo de la causa aclaró que si bien pidió la indagatoria para la funcionaria provincial y los encargados de la exfábrica, no descartó que puedan surgir nuevas pruebas y así vincular a otras personas a la causa.

 "Nosotros entendemos que las imputaciones podrían ser ampliadas hacia otras personas. En el caso de los particulares, ellos fueron los titulares de la empresa en los últimos meses", explicó el fiscal al programa Será Justicia.

 "Hubo otros dueños durante muchos años y sorpresivamente aparecen estas personas como titulares, de modo que nosotros reservamos la posibilidad de hacer otras imputaciones contra otras personas y también eventualmente contra otros funcionarios", destacó el funcionario judicial.

En torno a los cargos, el fiscal aclaró que “a los dueños de la empresa se les atribuye haber contaminado el predio; funcionaron como fábrica de baterías hasta el 2017. Entraron en concurso preventivo y abandonaron el predio dejando todos los elementos contaminantes en el lugar. En cuanto al Ministerio de medioambiente se le atribuye la falta de control", sostuvo.

Ley de derecho ambiental
La ley provincial de derecho ambiental determina que "toda persona que trabaje con residuos peligrosos es garante de que en el proceso no se provoquen daños a la salud y al medioambiente y el estado debe controlar que esto no se produzca". En esa línea, el decreto 1844/2002 impone a los funcionarios de medioambiente que cuando una empresa que trabaja con residuos peligrosos cierra, debe informar el impacto ambiental, debe realizar un plan de cierre que debe ser informado al ministerio, y eventualmente si no están dadas las condiciones para el cierre y la empresa se va, efectuar una clausura.

 Al respecto, Onel sostuvo la empresa nunca presentó un plan de cierre ni tampoco presentó informe de impacto ambiental y mientras tanto, "el ministerio no hizo nada", refirió el funcionario judicial.

“El último control que hubo sobre la fábrica fue en 2013, cuando se realizaban controles periódicos, ya en esa época se detectó que los empleados que trabajaban también estaban contaminados con plomo”, expresó Onel.

Fuente: Aire de Santa Fe