El Tribunal Oral Federal de Santa Fe dará inicio el próximo lunes 8 de febrero al juicio oral y público por la causa que investigó la desaparición del niño Maximiliano Sosa, visto por última vez el 21 de diciembre del 2015 en la ciudad de Ceres, en el departamento San Cristóbal. El debate comenzará a partir de las 9 de la mañana y contará con el paso de 58 testigos que declararán ante el tribunal conformado por Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello y ante el fiscal general, Martín Suárez Faisal.
 
En el banquillo de los acusados estarán Patricia Sayago, abuela del niño y la cual será representada por el defensor oficial Julio Agnoli. Mientras que la defensa del otro coimputado, Ariel Malagueño, estará a cargo de Luis Carlos Rittiner. Ambos imputados llegan al juicio detenidos con prisión preventiva y procesados por el delito de “sustracción de persona menor de 10 años”.

 El juicio tiene previsto comenzar el lunes y continuará durante el martes con la etapa probatoria y alegatos de las partes. Un día después, los jueces darán a conocer la sentencia del caso.

El caso forma parte de un largo recorrido judicial cuyo inicio fue en la Justicia provincial cuando la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Emilce Fisore, junto con agentes de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de Santa Fe, reunió una serie de elementos que comprometieron a la abuela de Maxi y su pareja con la desaparición del niño.

 Al sospechar de que existía el delito de trata de personas, Fissore solicitó que la causa pase al fuero federal en 2017. A partir de allí, la investigación tuvo sus idas y vueltas entre un fuero y otro, hasta que el 7 de junio del 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el expediente se radique en el Juzgado Federal de Rafaela.

Un año después, en julio del 2019, el entonces fiscal subrogante Federico Grimm buscó declarar una nueva incompetencia en el caso y el juez Abásolo hizo lugar. Sin embargo, ese planteo fue apelado por la defensa de Sayago, a cargo del defensor oficial, Marcelo Cerdá, por lo que tuvo que intervenir un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Dos meses después, el juez Guillermo Toledo, no hizo lugar al planteo de Abásolo y ordenó que la causa siga en el Juzgado rafaelino.

 En medio de esos planteos, el Ministerio Público Fiscal dispuso que Javier Arzubi Calvo quede a cargo de la Fiscalía Federal de Rafaela, por lo que la causa cobró un nuevo impulso y terminó en el procesamiento de Sayago y Malagueño. Un año después, se hizo cargo de la Fiscalía, Gustavo Onel, el cual dispuso la clausura de la investigación y elevó la causa a juicio.

En su acusación, Onel le imputó a la abuela de Maxi y su pareja haber sustraído al pequeño sin el consentimiento de su madre, entre los días 18 y 21 de diciembre del año 2015. De la misma forma, les atribuyó haberlo “retenido y ocultado” en un inmueble donde habitaban los imputados, conocido como el “Chalecito”, ubicado en la localidad de Colonia Montefiore cuanto menos hasta el día 26 de junio del año 2016.

 Por último, el pedido de juicio también formalizó la acusación contra Sayago por haber efectuado una falsa denuncia el 21 de diciembre del 2015, a las 19.40, en la Comisaría Segunda de Ceres cuando el niño desapareció del barrio Juan Pablo II.

AIRE DE SANTA FE