En el medio de la polémica entre el ministerio de Educación y los gremios docentes sobre la necesidad de revincular a los alumnos con la escuela con los consiguientes reclamos de la dirigencia gremial sobre malas condiciones edilicias de muchos establecimientos, el diputado Oscar Martínez (Frente Renovador) ingresó un proyecto de ley para establecer el programa para un retorno a clases presenciales con seguridad sanitaria.

“Es un marco regulatorio que garantice la dotación de los insumos necesarios, la presencia del personal idóneo y el destino de los recursos adecuados para cumplir con el protocolo” le dijo el legislador a El Litoral. “Es necesario idear estrategias para que en febrero de 2021 el regreso a la presencialidad en condiciones de sanidad seguras sea un hecho. Proponemos tres ejes de acción fundamentales: aplicación de protocolos mínimos en cada uno de los establecimientos de la provincia; la creación de la figura de un auxiliar de la salud en las escuelas y, por supuesto, garantizar la provisión de los insumos básicos necesarios”, agregó.

El diputado informó haber analizado y discutido el proyecto con dirigentes gremiales y estimó un costo de 2 mil millones de pesos extras al sistema entre el salario del auxiliar de la salud y dotar de elementos a cada escuela como ser termómetros, alcohol, tapabocas, lavandina, jabón, papel secante, etc.

La base del proyecto de ley es la resolución 364 del corriente año del Consejo Federal de Educación donde nación y provincias acordaron el protocolo marco para el retorno a clases presenciales y adecuaciones a cada nivel y modalidad.

“No se puede volver a las aulas sin cumplir con este mínimo de medidas que tienden a maximizar los cuidados de nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos, docentes y asistentes escolares” aclaró Martínez quien también incluyó en el proyecto un programa con financiamiento específico. “A raíz de la pandemia nuestros alumnos han pasado un año entero alejados de las aulas. El ciclo lectivo 2021 será decisivo para la reincorporación, la revinculación, la recuperación y todas las acciones necesarias orientadas a garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, la cual no es posible sin recomponer la continuidad del proceso pedagógico que se ha visto seriamente afectado en la mayoría de los casos”.

El proyecto describe los requerimientos protocolares mínimos en cada establecimiento como reservar un aula o espacio cerrado para aislar casos sospechosos, distanciamiento mínimo de dos metros por persona en cada aula así como todas las medidas necesarias sanitarias con los alumnos ya sea para ingreso, permanencia y egreso.

Capítulo aparte es para la figura del auxiliar de la salud que tendrá cada establecimiento que deben ser médicos o enfermeros o bien estudiantes avanzados de ambas carreras, cargo que tendrá vigencia mientras se extienda la etapa de pandemia.

Martínez no dejó de señalar que “la no presencialidad ha profundizado las diferencias entre aquellos que, en un extremo, tuvieron acceso a una virtualidad plena, sincrónica y asincrónica, y aquellos que, en el otro extreme, directamente perdieron la escolaridad. Además, en todos los cases se ha resentido seriamente la continuidad y el proceso pedagógico de los alumnos, y su desarrollo personal y emocional”.