La secretaria general de Amsafé no ocultó su malestar ante la decisión del Ministerio de Educación de revocar los tres concursos realizados durante los últimos meses de la gestión de Miguel Lifschitz. Dichos procedimientos permitieron titularizar a quinientos docentes en toda la provincia. Pero de acuerdo con lo informado por la actual ministra Adriana Cantero, invocando un dictamen del Tribunal de Cuentas, se cometieron una serie de irregularidades que habrían viciado los procesos. Por eso en la tarde de este lunes, se anunció desde la cartera la decisión de revocarlos y volver a concursar los cargos. Alesso, en diálogo con El Litoral, interpretó que “hay una intencionalidad política más que legal” en el tema, y no descartó ir a la justicia.

– ¿Cuál es la posición del gremio tras la revocatoria de los concursos?

– Hasta ahora todo lo que nosotros hemos recibido como sindicato son comunicaciones periodísticas. No se nos notificó oficialmente, no se nos convocó a una reunión. No hemos podido discutir el tema. Nos parece que dar marcha atrás con tres concursos sobre la base de argumentos que para nosotros son falaces y no reconocen el derecho de los trabajadores a la estabilidad, es algo que no tiene justificación. No entendemos. Por el otro lado lo que vemos es que el Tribunal de Cuentas realizó observaciones que podrían haber sido contestadas y no fueron respondidas. Nosotros pensamos, entonces, que hay una cuestión política porque no vemos una cuestión legal. El Tribunal de Cuentas hace observaciones sobre determinados aspectos de los concursos, no sobre la convocatoria que es donde el sindicato estuvo. Esas observaciones, el Ministerio de Educación las podría haber respondido y no lo hizo. Lo que no puede suceder de ninguna manera es que esto lesione derechos adquiridos. Anoche el Ministerio, también por los medios, informa que va a hacer un nuevo concurso. La verdad es que es insólito que habiendo existido ya un concurso, se plantee que se lo va a volver a hacer. Hoy tenemos una reunión con los abogados del gremio y mañana con todos los delegados seccionales a ver qué norma el Ministerio pretende sacar. Nos parece que es ir contra los derechos adquiridos de los trabajadores que accedieron a la titularización mediante esos tres concursos que se mencionan. El comunicado oficial del Ministerio del fin de semana habla de 800 cargos; ayer se habló de 500. Entonces, la verdad es que la información la cambian permanentemente.

– ¿No descartan judicializar el tema?

– Lo estamos analizando; no descartamos nada.

– ¿Por qué hubo casos que titularizaron sin el título correspondiente?

– Hay concursos, que son los vinculados especialmente a la formación profesional o a escuelas técnicas, en las que se desempeñan trabajadores docentes que son egresados de los institutos técnicos o escuelas técnicas porque en realidad, se trata de oficios que se enseñan sobre todo en talleres. Y para esos oficios no hay carrera; no hay un carrera de herrería, no hay un carrera de soldador. Hay escuelas técnicas en las que se enseñan esos oficios y esos compañeros, en muchos casos, no tienen un título docente sino técnico que los habilita para la formación laboral. Eso está contemplado en el correspondiente decreto y hubo otros concursos para personal idóneo. Ese tipo de cuestiones ni siquiera se han indagado o consultado para saber de qué se trataba.

– ¿No es un tema cerrado para Amsafe?

-No, para nada. Y nos parece grave el antecedente; el antecedente es tumbar tres concursos que le dieron la posibilidad a la gente de acceder a la estabilidad. Este gobierno decide dejarlos sin efecto en plena pandemia. Eso genera inseguridad y un gran conflicto para los trabajadores. Eso es grave. Porque existe lo que se llama continuidad de los actos jurídicos del estado, y eso tiene que trascender a los gobiernos. El estado se tiene que hacer cargo