El nuevo régimen de información obligatorio procura fortalecer la capacidad de supervisión de las estrategias de “planificación fiscal” a las que recurren empresas y personas humanas para obtener beneficios en relación con los impuestos.

Asimismo, el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales otorga al organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont más herramientas para abordar potenciales maniobras de elusión y evasión fiscal.

La medida alcanza a las estrategias de planificación fiscal nacional así como los esquemas internacionales que, por ejemplo, involucren jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.

También están cubiertas aquellas planificaciones fiscales internacionales en las que se utilizan sociedades para aprovechar los convenios para evitar la doble imposición, o se produzca un resultado de doble imposición internacional.

Los regímenes informativos como el que implementó la AFIP constituyen una práctica extendida entre las administraciones tributarias de todo el mundo, ya que permiten verificar que los tributos se ingresen en las jurisdicciones donde realmente se perfeccionan los hechos imponibles.

Al ampliar el nivel de conocimiento de las estructuras y operaciones utilizadas por los contribuyentes, la normativa permite identificar áreas de riesgo fiscal e incentivar el cumplimiento voluntario.

Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Portugal, Sudáfrica, México y Chile son algunos de los países que requieren a los contribuyentes reportar los acuerdos, esquemas, planes y acciones utilizados para obtener ventajas fiscales o beneficios en relación con cualquier impuesto o régimen de información.

Los datos recabados en relación a la planificación fiscal podrán ser objeto de intercambio con aquellos países con los que la Argentina mantiene acuerdos.

Los sujetos alcanzados deberán presentar la información sobre la planificación fiscal nacional e internacional en forma digital en el sitio web de la AFIP.

La normativa obliga a los asesores fiscales y los contribuyentes a suministrar información clara y precisa, que permita comprender la planificación fiscal e identificar la ventaja fiscal o el beneficio esperado.

Cuando un asesor fiscal se ampare en el secreto profesional, deberá notificar al contribuyente para que este sea quien cumpla con la obligación.

La resolución también establece sanciones para quienes incumplan y no presenten la información requerida.