La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) solicitó este miércoles que se declare la emergencia del sector y propuso una serie de iniciativas a implementar que incluyen “acciones estructurales y de coyuntura” a aplicar en los primeros 200 días del nuevo gobierno, para mantener el empleo y la actividad.

Los integrantes del Consejo Federal de la Cámara, que encabeza su presidente, Julio Crivelli, coincidieron en resaltar que “el sector sufre hoy, amplificados, los efectos de la recesión, la actual y la previsible para los próximos meses”.

El pronunciamiento de la gremial empresaria horas después de que el Indec diera a conocer que la actividad de la construcción registró caídas de 8,5% interanual en septiembre, 6,5% respecto del mes anterior y 8% en el acumulado de los primeros nueve meses del año.

La entidad consideró que “las empresas del sector obra pública sufren graves perjuicios por los atrasos en los pagos de las obras certificadas, demoras no razonables en la tramitación y aprobación de las redeterminaciones de precios pactadas contractualmente, e incluso la aplicación de sanciones por incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando existen razones que lo justifican”.

También sostuvo que “recientes medidas han agravado la situación financiera de las provincias”, ya que “el reperfilamiento de títulos de deuda afectó a sus activos financieros, lo que dificulta o imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones de pago de las obras realizadas”.

Para Camarco todas esas circunstancias provocaron”efectos gravísimos sobre las empresas contratistas, en el marco de un proceso inflacionario acelerado, y con costos de insumos afectados por una fuerte devaluación de nuestra moneda, que afectan incluso la provisión”.

A partir del análisis, la entidad planteó la necesidad de implementar de manera urgente la declaración de “la emergencia del sector en todo el país” así como calcular y consolidar la deuda devengada en los contratos vigentes, emitiendo documentos de pago negociables o compensables.

También se propone abordar un “nuevo y urgente plan de viviendas sociales” a través de convenios con los institutos provinciales de viviendas no menor a 40.000 unidades en todo el país que motorice la economía de manera federal atacando de manera directa la pobreza y la falta de empleo.