El juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Guillermo Toledo, rechazó el pedido del magistrado de Rafaela, Miguel Abásolo, para que la causa que investiga la desaparición de Maximiliano Sosa, sea investigada en la Justicia provincial de San Cristóbal, donde originalmente se inició el expediente judicial, cuando el niño de tres años desapareció de su casa de la localidad de Ceres el 21 de diciembre del 2015.

El fallo, que fue resuelto el pasado 4 de septiembre, determinó que el expediente continúe en la órbita federal tras sostener principalmente que no es posible “descartar el delito de trata de personas por lo que la declaración de incompetencia no haría más que dilatar el curso de la investigación,  sobre todo teniendo en cuenta que el niño Maximiliano Sosa aún no ha sido encontrado”.

El planteo de incompetencia terminó siendo analizado por un juez de alzada luego de que la defensa de la imputada Patricia Sayago, a cargo del defensor oficial, Marcelo Cerdá, recurrió a la Cámara tras entender que la declaración de incompetencia del juez Abásolo, se llevó a cabo “sin escuchar a las partes, afectando en derecho de defensa y debido proceso”.

Toledo tuvo en cuenta además la posición del fiscal general ante la Cámara, Claudio Palacín, que en su dictamen adhirió al recurso de apelación del defensor en torno a la declaratoria de nulidad y además consideró que la declaración de incompetencia “perjudica gravemente el curso de la investigación”.

El juez de alzada resolvió por otro lado confirmar la prisión preventiva por noventa días para los dos imputados que tiene la causa: Sayago y Ariel Reinaldo Malagueño. Ambos fueron detenidos el 28 de julio del 2016 por efectivos de la Agencia de Trata de Personas de Santa Fe en el marco de la investigación que llevó adelante e impulsó la fiscal Emilce Fissore del Ministerio Público de la Acusación.

La declaratoria de incompetencia fue resuelta por Abásolo el pasado 16 de julio y fue a pedido del fiscal subrogante de Rafaela, Federico Grimm, quien de manera hermética tramitó la investigación y luego de llevar a cabo una serie de procedimientos consideró que en el caso no existía el delito de “trata de personas”. En razón de ello, el magistrado federal dispuso que las actuaciones vuelvan a tramitarse en la Unidad Fiscal de San Cristobal donde se inició la búsqueda del paradero de Maxi Sosa.