Forma parte de la demanda sobre el Estado por la expropiación de la petrolera en 2012, en un juicio que condenó al país a pagar 16 mil millones de dólares
Nacionales30/06/2025
Redacción El Informe de Ceres
La justicia de Estados Unidos ordenó que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. Se espera que el gobierno nacional apele la medida.
La decisión la tomó la jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, y se encuadra en la demanda por la que el Estado argentino fue condenado a pagar más de 16 mil millones de dólares. Ahora, el bufete de abogados argentinos podrá apelar el fallo de la magistrada estadounidense.
Preska tomó en consideración el pedido del fondo Burford Capital, uno de los principales beneficiarios del fallo condenatorio contra el país, y Eton Capital. En abril de 2024, el grupo económico había pedido el control de las acciones, sumado a embargos y otras medidas. Si bien Burford no fue el damnificado en origen, compró los derechos a litigar en esta causa, que lleva más de una década.
Seguidores de la causa aseguraron que la orden de Preska es inédita y hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó a la Argentina, por eso no es descabellado pensar que una apelación puede ser tomada por la propia Preska o bien el Tribunal de Apelaciones (Court of appeals) de Estados Unidos, suspendan el fallo.
Luego de explicar las decisiones finales, Loretta Preska sentenció: “La República Argentina deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en Bank of New York Mellon (BNYM) en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”.
Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012. Recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el Grupo Petersen.
Camino al embargo
Desde el fallo de la Justicia en 2023, la jueza Preska había solicitado a la Argentina una garantía de pago, mientras se iniciaba la apelación en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Pero el gobierno nunca lo hizo.
En enero de 2024, a días de la asunción de Javier Milei, el país debía depositar una garantía. Al no hacerlo, la ley estadounidense permite a los demandantes solicitar embargos activos sobre Argentina. “Uno de los activos que los beneficiarios del fallo buscaron embargar eran las acciones de YPF″, dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.
Maril aseguró que la decisión de Preska va en contra de la recomendación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y aseguró que Argentina apelará el fallo para eyectar la discusión a la Corte de Apelaciones.
El juicio por YPF
El juicio por la estatización de la petrolera inició en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios que compró en España el derecho a litigar de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que los Eskenazi habían creado, para poder presentar la demanda en Nueva York contra la Argentina.
Burford y Eton pactaron un acuerdo de reparto de eventuales ingresos por el juicio, donde el grueso recaerá en Burford Capital. En el juicio que se definió en 2023, YPF logró quedar al margen de la causa, por lo que no deberá afrontar costos por el litigio, que deberán ser asumidos en un ciento por ciento por el Estado argentino.
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