Redacción El Informe de Ceres
El documento hace públicos detalles sobre cómo funcionaba el aparato de inteligencia iraní, cómo se financiaba, cómo eran sus vínculos con las estructuras del Estado iraní y las razones por las que se escogió a Argentina. Entre ellas, determinó que el régimen veía a Argentina como “una segunda Israel”, por ser el tercer país con mayor cantidad de habitantes de origen judío y su “injerencia en el gobierno argentino”.
Sin embargo, establece, “la región ofrecía la posibilidad de establecer un Estado Islámico a futuro, en el que se propague el Islam y a la vez se neutralicen las actividades de Israel en la Argentina y se combata el sionismo argentino”.
Según el documento, que no cuenta con estatus de verdad judicial, “quien condujo el coche bomba inmolándose a consecuencia de dicho accionar fue el miembro del Hezbollah el libanés Ibrahim Hussein Berro quien había ingresado días antes a la Argentina por la zona de la Triple Frontera procediendo de Líbano”.
Otro de los abogados que participó activamente en la causa subrayó: “Es un informe que tiene 21 años y en 2003 no se hizo público pero se contó en detalle; después se pudo mostrar testado, ahora se puede mostrar sin testar”.
El texto señala que hubo durante la década del 80 y comienzos del 90 se fortalecieron las relaciones comerciales y el intercambio “tecnológico, militar y nuclear” entre Argentina e Irán, hasta que se decidió interrumpir esa cooperación. En este contexto, hubo una “política de acuerdos”, que “no era más que un método de extorsión y chantaje” de Irán hacia Argentina “desde los niveles más altos del régimen”.
“Existen suficientes elementos de convicción que permiten afirmar que el atentado a la embajada de Israel preparado el 17/03/92 fue un ejemplo de las herramientas utilizadas por el régimen iraní en el contexto de la denominada política de acuerdos en razón de haberse suspendido entre otros la asistencia comprometida por la Argentina en materia tecnológica y nuclear”, sostiene también.
Y señala que el atentado a la AMIA fue una “represalia” porque el Gobierno dispuso cesar en forma definitiva dicha asistencia. Aborda la forma en que se trasladaban los explosivos, cómo la diplomacia iraní era una “fachada enmascarada” para “exportar la revolución islámica mediante el accionar terrorista” y los nombres de los “funcionarios iraníes que terminarían siendo acusados por la justicia argentina".
