El Gobierno posterga los aumentos de luz, gas y el impuesto a los combustibles de mayo

El Gobierno decidió postergar los aumentos de tarifas de gas y electricidad y la actualización del impuesto a los combustibles que tendrían que haberse aplicado a partir del 1º de mayo. Luego de un día de definiciones en el Palacio de Hacienda, fuentes oficiales confirmaron que “en mayo no hay aumentos de luz y gas”.

El Ministerio de Economía mandó además por la noche un comunicado en el que confirma que se diferirá la actualización del impuesto a los Combustibles a través de un decreto en el Boletín Oficial, puesto que la AFIP ya había oficializado la suba que iba a impactar en los precios del surtidor en al menos un 7%. “La medida garantiza previsibilidad al sector y establece que no habrá incremento alguno por dichos conceptos en el mes de mayo”, dijeron.

A partir de hoy debía empezar a regir también la fórmula de actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad que el Gobierno diseñó para que los aumentos otorgados no queden atrasados respecto de la inflación. Sin embargo, los entes reguladores de ambos servicios, Enargas y ENRE, respectivamente, no publicaron los nuevos cuadros tarifarios a la espera de una definición de Economía.

Los entes reguladores ya tienen calculado cuánto sería la suba que le correspondería a las empresas: 10,69% para las distribuidoras eléctricas, 12,5% para las distribuidoras de gas y 12% para las transportistas de gas.

“Por ahora no se aumenta, pero se está analizando. No es que se postergan. No está definido que se aumente, está en análisis”, habían dicho en la Secretaría de Energía por la tarde de este miércoles, mientras en Diputados se le daba media sanción al proyecto de ley de Bases y al paquete fiscal.

En el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, analizaron el impacto que iba a tener el nuevo aumento de tarifas sobre la inflación y decidieron demorarlo al menos un mes más.

Las empresas, por su parte, quedaron sorprendidas, sin haber tenido un anticipo de lo que iba a suceder. Entre ellas se encuentran Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, TGN y TGS. La postergación del aumento se tomó como una “mala señal”, ya que el plan de “normalización del sector” se pospuso antes siquiera de que se pusiera en marcha.

Una situación similar les ocurrió a las empresas de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al enterarse de la suspensión de los aumentos de boletos durante abril y mayo.

El Ministerio de Economía debía definir si avanzaba con una quita de subsidios para los sectores de ingresos bajos (N2) y medios (N3) en gas y electricidad; si aumentaba el costo que pagan los comercios, industrias y hogares de ingresos altos (ya que la energía es más cara en invierno), y si autorizaba el ajuste mensual de tarifas para las empresas.

Al final, nada de esos sucederá y todo continuará como estaba o peor, ya que la inflación y la devaluación mensual se mantiene al ritmo del 7% y 2% mensual, respectivamente, y cada día que pasa los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios demandan más subsidios.

La postergación de un mes de la actualización de tarifas no tendrá igualmente mayor impacto en las expectativas del mercado sobre el cumplimiento del superávit financiero. El ministro Caputo se aseguró un margen de maniobra con el feroz ajuste en el gasto aplicado en el primer trimestre y la media sanción de Diputados lo acerca cada vez más al objetivo de mejorar la recaudación con los cambios en Ganancias, Bienes Personales, monotributo, moratoria impositiva y regularización de activos (blanqueo).

Sin embargo, la obsesión del Gobierno por reducir la inflación podría colisionar con la base del programa económico, que es eliminar el déficit de las cuentas del Estado a través de una reducción del gasto.

La efectividad del Gobierno para implementar medidas económicas depende de que la popularidad del presidente Javier Milei se mantenga en terreno positivo, en un contexto donde gran parte del electorado convive con la disminución de su poder adquisitivo. Por eso la decisión de subir las tarifas podría socavar el ánimo de la sociedad.

En la misma línea, el Gobierno quiere mostrar un sendero de desaceleración de la inflación, para que los salarios le empiecen a ganar a la variación de precios. La no actualización de las tarifas, sin embargo, tendría sus costos en términos fiscales. El equipo económico quiere seguir mostrando resultados positivos en las cuentas del Estado. Para ello, es necesario una genuina baja del gasto en subsidios económicos, que sea producto de un aumento de tarifas y no de un corte abrupto en los pagos a los productores, como está ocurriendo desde comienzo de año, lo que hace crecer el stock de deuda.

Los usuarios de electricidad de ingresos bajos (N2) y medios (N3) pagan menos del 8% de lo que cuesta la generación eléctrica (el resto se cubre con subsidios del Tesoro). En gas, estos mismos usuarios pagan entre el 17% y 26% del costo de producción.

Desde hoy, además, las tarifas de gas y electricidad iban a empezar a subir todos los meses según una fórmula de ajuste que diseñaron los entes reguladores. Por lo tanto, las boletas de luz y gas iban a aumentar al menos 5% desde mayo.

En el caso de Edenor y Edesur, las dos distribuidoras que prestan el servicio eléctrico en el AMBA, la tarifa debe subir 10,69%. La fórmula de ajuste está compuesta por la inflación minorista (IPC), la inflación mayorista (IPIM) y el índice salarial de febrero (se aplican los valores de tres meses anteriores al que comienza a regir). Como el valor agregado de distribución (VAD) de electricidad representa un tercio del costo total de las boletas, el impacto final de ese aumento sería del 3%.

Sin embargo, los usuarios de energía eléctrica, además, iban a tener una suba adicional. La Secretaría de Energía aún debe publicar los nuevos costos de la generación del trimestre mayo, junio y julio, que suelen ser más caros que en el verano.

El actual valor de la generación eléctrica es de $44.401 el MWh, pero esa cifra suele duplicarse en invierno, cuando baja la cantidad de generación hidroeléctrica (que es más económica que la térmica) porque hay menos agua y cuando las usinas deben aumentar el uso de combustibles líquidos, que son más caros que el gas.

Del actual costo de $44.401 el MWh, los comercios, industrias y hogares de altos ingresos pagan la totalidad, mientras que los usuarios de bajos (N2) y medios ingresos (N3) cubren con sus boletas solo $2981 y $3756, respectivamente. Esto significa menos del 9% del costo de generar electricidad. Por lo tanto, alrededor del 60% del total de hogares residenciales siguen recibiendo más de 90% de subsidios de parte del Tesoro.

Por el gas, también se iba a implementar la fórmula de ajuste para las empresas distribuidoras y transportistas, que implicaría una suba de 12,5% y 12%, respectivamente. En este caso, la fórmula polinómica está compuesta por el IPIM, el índice de salarios y la evolución de los costos de la construcción.

El impacto final en las boletas de ambos ajustes es del 5%, aproximadamente, aunque se esperaba que la suba fuera mayor, ya que la Secretaría de Energía también aplicó un aumento en los costos del gas durante el invierno para comercios, industrias y usuarios residenciales de altos ingresos.

Entre mayo y septiembre, el valor del gas subirá de US$2,94 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) a US$4,49 en promedio. La Secretaría de Energía no definió todavía qué hará con los usuarios residenciales de ingresos medios y bajos, que cubren con sus boletas el equivalente a un precio de US$0,78 los N2 y US$1,16 los N3. Es decir, pagan solo el 17% y 26% del costo total del gas en invierno, respectivamente.