El 25 de agosto de 2009, hace 14 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaraba inconstitucional un artículo de la ley de drogas (23.737) que penaliza el consumo de estupefacientes. Fue mediante el fallo conocido como Arriola, iniciada tras la detención de un grupo de personas por tener entre uno y cinco cigarrillos de marihuana cada uno.
 
En su resolución, el máximo tribunal de Justicia, concretamente, declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley de drogas que fue sancionada en 1989. Además, la Corte exhortó “a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”.

 A partir del fallo Arriola, se intentó en numerosas ocasiones modificar la ley 23.737 mediante diversos proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación, pero ninguno de ellos prosperó.

El exjuez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, quien fuera uno de los firmantes de la sentencia, afirmó que "el fallo no tuvo el efecto que deseábamos", y agregó que esto se debió, principalmente, a que el "control de constitucionalidad es débil" en Argentina, ya que "cada juez sostiene su posición mientras la ley se sigue aplicando". Zaffaroni también advirtió que "el tóxico criminógeno por excelencia es el alcohol, no las drogas", y agregó que en "los 11 años que fui juez de la CSJN y me llegaron las causas penales más graves, vi muy pocas causas criminales donde los agentes estuvieran bajo el efecto de la cocaína, pero bajo el efecto del alcohol, todos los días".

El caso Arriola ocurrió en Rosario en 2006, cuando ocho jóvenes de entre 18 y 20 años fueron detenidos por tenencia de marihuana en cantidades que sólo podían destinarse al consumo personal. En 2006, la actual diputada de Santa Fe, Matilde Bruera, era defensora en los tribunales federales de Rosario e intervino en la causa. "El debate sobre el fallo Arriola es también un debate sobre qué se puede prohibir y qué no, sobre la autodeterminación de la propia vida y, en definitiva, sobre la libertad", dijo Bruera.

 "Concentrarse en los consumidores es más fácil porque resguarda la impunidad del narcotráfico, y sirve para mostrar un trabajo como si fuera combate contra el narco cuando, en realidad, es criminalización de niños y jóvenes, en su mayoría pobres", dijo Bruera.

 La Procuración Penitenciaria de la Nación señaló que a pesar del fallo Arriola, "persiste en Argentina una política de drogas que tiende fuertemente a la criminalización de las personas usuarias de drogas". Especificó que entre 2000 y 2017 aumentó un 53% el porcentaje de mujeres encarceladas en tanto los hombres lo hicieron en un 20%.

"A su vez, la infracción a las leyes de drogas constituye el primero o segundo delito en los países de la región latinoamericana, para el caso particular de las mujeres", alertó.

 En este sentido, aclaró que "si bien siguen representando una minoría en los sistemas penitenciarios y, en términos absolutos, en el número de personas procesadas por delitos de drogas, su participación en estos ilícitos es cualitativamente mayor que la de los hombres".

 La Procuración informó que en Argentina entre el 2015 y el 2018 "se incrementó en un 34.85% la población de mujeres detenidas por delitos de drogas, en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal".

 Por eso resaltó que es necesario "repensar las políticas de drogas desde la perspectiva de los derechos humanos con enfoque de género".