Redacción El Informe de Ceres
El anuncio realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desató una ola de críticas y preocupación en todo el país. La decisión, que implica el traspaso de sus funciones a la órbita del Ministerio de Salud, es vista por especialistas y militantes como un quiebre del “modelo social” de la discapacidad para retornar a una visión puramente médica.
“Un vaciamiento de garantías”
Desde Santa Fe, Gabriela Bruno, referente de Vida con equidad y dignidad y secretaria de Inclusión del Partido Socialista, calificó la situación como “muy grave“. Según la especialista, la medida representa el desmantelamiento de políticas públicas fundamentales.
“Queda claro que se trata de un corrimiento del Estado y un vaciamiento de las garantías de derechos“, sostuvo Bruno. Además, recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (a la que Argentina adhirió en 2008) exige organismos autónomos que articulen de forma transversal con áreas como educación, trabajo e inclusión, y no que queden reducidos únicamente al área sanitaria.
Datos inexactos y antecedentes críticos
El anuncio oficial no estuvo exento de controversias. El Gobierno afirmó que la ANDIS había sido creada en 2017, omitiendo que el organismo —bajo el nombre de CONADIS— tiene sus orígenes en 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
Este cierre se suma a una serie de medidas que han tensionado la relación con el sector:
Pensiones bajo la lupa: el decreto de 2024 que endureció los requisitos para acceder a pensiones por invalidez.
Términos ofensivos: un escándalo reciente por el uso de lenguaje discriminatorio en un anexo oficial que el Gobierno debió retirar.
Judicialización en puerta
Ante lo que consideran una medida regresiva, organizaciones de derechos humanos como ACIJ, CELS, APDH y REDI ya evalúan presentaciones judiciales para frenar la reestructuración. Argumentan que el traspaso vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional, dejando a las personas con discapacidad en una situación de mayor vulnerabilidad frente al Estado.
