El Gobierno quiere que las provincias adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias

Luego de anunciar y poner en marcha el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el Gobierno instó a las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de información con el objetivo de "garantizar las condiciones" establecidas en el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias.

Sin embargo, advirtió que en caso de no adherir, la provincia "perderá el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)".

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió un comunicado donde aclara que a partir de esta acción se preservará la información de los consumos personales y el incremento patrimonial de los ciudadanos en todas las jurisdicciones del país.

El Gobierno destacó que a partir de estas medidas "avanza y garantiza la decisión histórica de devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran" y reiteró la convocatoria a los gobernadores provinciales "a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario".

En qué consiste el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias

El sistema simplificado para el impuesto a las Ganancias, anunciado por Juan Pazo la semana pasada, apunta a facilitar los trámites y reducir las obligaciones para quienes ya operan dentro del circuito formal de la economía.

La iniciativa propone una transformación en la forma en que se determina y liquida el tributo. El nuevo modelo deja de exigir datos sobre el patrimonio y los consumos personales de los contribuyentes y se enfoca exclusivamente en los ingresos facturados y los gastos deducibles.

“No vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA”, afirmó Pazo durante la presentación oficial.

A partir de junio, las personas alcanzadas podrán elegir esta modalidad, que regirá para el período fiscal 2025, el cual comienza en esa misma fecha y finaliza a mediados del año siguiente. Según explicaron desde el organismo, en el vencimiento previsto para mayo de 2026, cada usuario podrá ingresar a su perfil en el sitio web de ARCA, verificar el monto que el sistema haya calculado, y decidir si lo acepta, lo abona o lo modifica, según los datos que tenga disponibles.

Qué dijeron las provincias sobre las medidas del Gobierno

Si bien todavía las provincias no definieron oficialmente si adherirán al nuevo sistema impulsado por el Gobierno, algunas adelantaron su posición al respecto.

La administración de Santa Fe celebró el nuevo blanqueo de dólares, pero anunció medidas locales para evitar el lavado de activos provenientes del delito. "Desde la provincia se apoya la medida y a su vez se enfoca en bloquear a las mafias que atentan contra la seguridad pública", afirmaron.

Los ministros santafesinos de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, dieron a conocer un paquete de iniciativas con el objetivo de reforzar la seguridad en el marco de la lucha contra el narcotráfico y para evitar que las bandas usufructúen la flamante medida nacional.

En tanto, desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) salieron a cuestionar la propuesta del Poder Ejecutivo. Su director ejecutivo, Cristian Girard, calificó la iniciativa como un “blanqueo encubierto” y aseguró que la provincia continuará fiscalizando a los contribuyentes.

“Se presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a los ahorros acumulados, sino a permitir que no se acumulen fondos no declarados esperando un nuevo blanqueo. La normativa penal tributaria y de prevención del lavado sigue intacta”, explicó Girard en declaraciones a la prensa.

Desde ARBA remarcaron que las medidas nacionales no afectan las normativas tributarias provinciales ni las obligaciones de los contribuyentes bonaerenses. Además, dejaron en claro que los regímenes de información siguen vigentes y que la estrategia de fiscalización no sufrirá cambios sustanciales.