La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo la condena contra Guillermo Moreno a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la manipulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mientras ejercía funciones como secretario de Comercio entre los años 2006 y 2007.
Nacionales06/05/2025
Redacción El Informe de Ceres
Por una mayoría conformada por los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci (Alejandro Slokar votó por la negativa), la Sala II de Casación confirmó el fallo que había emitido Tribunal Oral en lo Criminal Federal en septiembre pasado por la acusación del fiscal Diego Luciani.
La condena le permite a Moreno permanecer libre pero podría quedar impedido de ser candidato en caso de que se aprobara el proyecto de Ficha Limpia, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y podría convertirse en ley en caso de que el Senado lo apruebe cuando lo trata el miércoles en el recinto.
Si finalmente el Senado convierte el proyecto en ley, Moreno no podría competir en las elecciones legislativas de octubre para cargos nacionales, comicios en los que pretende presentarse por su partido, Principios y Valores.
Además de Guillermo Moreno, también también se ratificó la sentencia Beatriz Paglieri, exdirectora de Índice de Precios al Consumidor del Indec, que en su momento también fue condenada a tres años en suspenso y seis de inhabilitación por el Tribunal Oral Federal. Por el caso absolvieron María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Filia.
En cuanto a los delitos imputados, Casación responsabilizó a Paglieri por destrucción e inutilización de registros públicos y abuso de poder, mientras que a Moreno lo condenaron por determinar la comisión de ese mismo ilícito. De esta manera, rechazaron el recurso presentado ante la sala, que buscaba equiparar los informes de prensa del Indec a un "instrumento público".
La raíz de causa por adulteración de datos del INDEC contra Moreno
La investigación arrancó en 2007 luego de la denuncia formal que presentaron abogados de la asociación civil "Asamblea por los Derechos Sociales", en base a una serie de publicaciones periodísticas en relación a las circunstancias por las que había sido desplazada la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua.
Según destacaba la denuncia, Moreno le habría ordenado a la por entonces funcionaria que revelara los datos de los comercios sobre los que se efectuaba el trabajo de campo para determinar el índice de precios, con el objetivo de extorsionar a las firmas.
Ante la negativa de Bevacqua, quien actuó bajo el amparo de la Ley de Estadística y Censo que establece el secreto sobre dicha información, Moreno la reemplazó por Paglieri. La denuncia también advertía sobre la adulteración y manipulación del índice inflacionario del Indec en enero de 2007.
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