Reforma con vía libre: Perotti fue fundamental para abrirle la puerta a la reelección de Pullaro

Finalmente y como estaba previsto, la cámara baja dio luz verde a la posibilidad de reformar parcialmente la Constitución de la Provincia de Santa Fe. La ley se aprobó con votos oficialistas y aliados circunstanciales de la oposición. El dictamen de la media sanción del proyecto será trasladado al Senado, que este viernes le dará sanción definitiva sin mayores sobresaltos, ya que en ese ámbito el frente Unidos tiene mayoría holgada.

El oficialismo necesitaba dos tercios para su impulso reformista: 34 sobre los 50 diputados que componen el pleno de la Cámara. El resultado final sobrepasó con cierta comodidad ese número gracias a Omar Perotti, ex gobernador peronista.

Precisamente, el tránsito para conseguir esos votos se tradujo en quiebres de bloques y acentuó las diferencias en otros espacios políticos, como fue el caso del PJ, donde la bancada que conduce el exgobernador Omar Perotti hizo un aporte crucial para el proyecto reformista, acentuando la crisis interna que atraviesa el peronismo santafesino desde que perdió la Casa Gris en manos del radical Maximiliano Pullaro.

El frente Unidos, pese a sus diferencias, cerró de manera monolítica su posición en el dictamen. La discusión blanqueó de manera explícita las divergencias en el PJ y provocó la fractura de la bancada Somos Vida, que lidera Amalia Granata, ausente en el debate. Dos de sus diputados, Omar Paredes y Edgardo Porfiri, decidieron acompañar el proyecto del oficialismo por lo que casi al inicio de la sesión, el diputado Emiliano Peralta, mano derecha de Granata, anunció la expulsión del espacio de Paredes y Porfiri.

“Estamos haciendo historia”, sacó pecho Farías, en referencia a que la actual Constitución fue redactada en 1962 y todos los intentos para actualizarla, desde el retorno de la democracia en 1983 hasta acá, no prosperaron. En ese sentido, el exministro de Gobierno recordó cuando Miguel Lifschitz propuso una reforma en 2016, se armó un equipo de trabajo que culminó su proyecto en 2018, pero no encontró consenso político para impulsarlo con éxito en la Legislatura. “Todo este es un homenaje a Miguel”, dijo Farías con la voz entrecortada por la emoción.

El proyecto de necesidad aprobado en Diputados propone reformar más de 40 artículos, agrega otros e incorpora derechos que quedarán fijados en el nuevo texto constitucional cuando se reúna la Convención y redacte la flamante Carta Magna para Santa Fe.

La iniciativa establece la reforma parcial de la Constitución y faculta a la Convención a modificar 42 artículos, a derogar 3 incisos y sumar un inciso del artículo 93, que establece las competencias de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Además, la ley de declaración de necesidad de la reforma abre la puerta a “incorporar los artículos, capítulos y secciones que fuesen necesarias para dar regulación a los temas habilitados en esta ley” y a “sancionar las cláusulas transitorias que fueren necesarias para la implementación de las reformas, siempre que no desnaturalicen el sentido de las modificaciones”.

Como se había confirmado en los días previos, el texto de la ley combina indicaciones más precisas a los constituyentes con formulaciones más abiertas.

Entre los temas a discutir están las reelecciones: la que no existe para el cargo de gobernador, esperando a ver si, de aprobarse, compete o no a Maximiliano Pullaro para su potencial reelección y además establecería una limitación en las veces que puede asumir su cargo un senador, un diputado, un intendente, un presidente comunal y o un concejal, entre otros temas.

Por ejemplo, en relación al Poder Ejecutivo la norma plantea “establecer los alcances de la reelección del gobernador y vice”. Una redacción que deja a la Convención Constituyente la facultad de decidir si habilita a Pullaro a competir por un nuevo mandato en 2027.

En el ámbito del Poder Legislativo, el proyecto propone extender el período de sesiones ordinarias, revisar la edad para ser diputado y senador provincial y precisar el alcance de la reelección de los legisladores.

En la órbita de la Cámara de Diputados se propone terminar con el mecanismo de mayoría automática y adoptar un sistema de representación proporcional con paridad de género.

El Senado no se toca. Se mantiene la bicameralidad y el mecanismo actual de elección de 19 legisladores, a razón de uno por departamento. Sin embargo, sí se propone una modificación sustancial en los fueros parlamentarios. El proyecto postula la eliminación de la inmunidad de especificar los alcances de la inmunidad de arresto y de expresión. Además, se sugiere darle rango constitucional a la ficha limpia, que es ley en Santa Fe desde 2022.

En el mismo sentido, la ley de necesidad votada en Diputados apunta a blindar la reforma judicial que impulsó Unidos y acompañó el perottismo, con una Corte Suprema de siete miembros, procurando la paridad de género y con integrantes que cesan en sus cargos a los 75 años de edad.

En tanto, el proyecto incorpora ejes fuertes del gobierno de Unidos, como la responsabilidad fiscal, la seguridad y la educación, y se suma la autonomía municipal.

Por su lado, se incorporan como temas a debatir en la Constituyente derechos digitales, servicios públicos, ciencia e innovación, derecho a la ciudad, protección del ambiente y consumidores, entre otros.

En cuanto a la elección de constituyentes, la ley de declaración de necesidad de la reforma establece que se realizará en simultáneo con las Paso locales de 2025, se usará el sistema de boleta única y regirá un piso de 2,5% del padrón.

Se definirán, sin primarias, 50 convencionales por distrito único y 19 por los departamentos, con el mismo sistema que se utiliza para elegir diputados y senadores. La Convención Reformadora se instalará en la ciudad de Santa Fe, en el momento que convoque el Ejecutivo, dentro del plazo de un año celebrada la elección de convencionales. Según los tiempos que se barajan en la coalición oficialista, esa ventana de tiempo sería entre abril de 2025 y abril de 2026.

Para elaborar el nuevo texto de la Carta Magna, la Convención tendrá un plazo de cuarenta días corridos desde su instalación, prorrogable por un plazo máximo de veinte días más, si lo define la mayoría de la Constituyente.