


Con presiones por las paritarias, demoran en definir la suma fija
Redacción El Informe de Ceres






Después del golpe electoral en las PASO y tras la decisión de devaluar, el ministro de Economía Sergio Massa anticipó que habría un "paquete de medidas" para atenuar el impacto en los bolsillos de los asalariados.
Más allá de algunas gestiones que ya están en marcha, como los acuerdos de fijación de precios, Massa dio por hecho que habría una mejora en el ingreso, aunque postergó cualquier definición hasta su regreso de Washington, adonde viajó para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero en el interín, la situación disparó una serie de reclamos por la reapertura de paritarias, que se produjeron tanto desde los sindicatos más fuertes vinculados a la actividad del sector privado, como Camioneros, Comercio y bancarios, hasta los estatales de ATE y los docentes agrupados en la Ctera.
El enfoque de los planteos es distinto también según el sector de que se trate, y eso supone un condicionamiento para la manera en que las autoridades nacionales vayan a definir el monto y la modalidad del incremento en las retribuciones.
Gremios afines al kirchnerismo y las dos vertientes de la CTA le exigieron al Gobierno una suma fija para los asalariados de 75.000 pesos, pero la CGT formula sus reservas, y admite los aumentos de emergencia, aunque cifrados en los ingresos de los trabajadores de menores recursos, y en la medida en que no interfiera en el curso de las paritarias vigentes.
"No nos oponemos a un esquema de emergencia siempre que se sostenga la libertad de las paritarias y que se defina un valor mínimo de ingresos a través de un bono variable según las necesidades de cada sector", dijo a Clarín Héctor Daer, miembro del triunvirato de mando cegetista y el dirigente gremial que más cerca estuvo de Massa durante la campaña electoral previa a las PASO.


De esta manera, se vuelve a abrir otra grieta interna en la central obrera peronista entre los que presionan por una suba salarial generalizada, como lo demandaron Pablo Moyano y Mario Manrique, y los que advierten que un bono por decreto podría alterar el curso de las paritarias.





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