Luego de que el gobierno provincial haya decretado la Emergencia Agropecuaria para toda la bota santafesina producto de la sequía histórica que azota al sector, desde el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología brindaron detalles sobre los inscriptos para los beneficios que plantea la legislación, aunque destacaron que fueron "insignificantes".
 
Este número es de 150 productores que completaron formularios y brindaron certificados para acceder a la asistencia que plantea la ley, lo que fue confirmado a UNO por fuentes de la cartera productiva de la provincia.

Cabe recordar que, al momento de realizar las solicitudes, los productores deben constar que sus predios o explotaciones se encuentran afectadas por la sequía, adjuntando el contrato según corresponda, y estar inscriptos en Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) en el distrito que van a presentar la declaración jurada de Emergencia Agropecuaria.

El gobierno provincial declaró el estado de emergencia agropecuaria a partir del 1º de noviembre en el departamento General López, al tiempo que estableció la prórroga de la emergencia en el resto de los 18 departamentos provinciales hasta el 31 de mayo del 2023.

En este marco, el tratamiento de la nueva legislación propuesta por el ejecutivo provincial se encuentra en la cámara de Diputados, cuando luego de haber obtenido en el Senado la media sanción buscará ser promulgada cuando se trate el 31 de marzo.

Las declaraciones juradas se presentan de forma digital informando los daños, a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea) al cual se podrá acceder desde la página web del gobierno provincial ingresando al apartado de Emergencia Agropecuaria que figura en la portada.

La nueva ley
El nuevo proyecto se basa en un sistema que aborda las distintas fases de la gestión de riesgos de emergencia y/o desastre agropecuario. Fue elaborado por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, con el consenso de entidades intermedias del sector productivo, como SRA, Carsfé, Coninagro, FAA, Meprolsafé, AFA, las bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, Aapresid, el Colegio de Médicos Veterinarios y Agrónomos, Inta y Senasa.

"Con esta modificación queremos cambiar el paradigma desde el punto de vista de beneficiar al que produce, invierte, genera empleo y toma el riesgo. Es un proyecto muy interesante, muy consensuado y muy trabajado. Debería tener un tratamiento rápido en la Legislatura", consideró el ministro de Producción.

Los beneficios de la propuesta incluyen la condonación o prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural, e incorpora condonación o prórrogas de la patente de un vehículo afectado a la actividad agropecuaria.

Además, se prevé asistencia financiera para la realización de inversiones destinadas a la prevención de la ocurrencia de eventos adversos sobre la producción, a los fines de dotarlo de herramientas para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de producción.

Para llevar adelante estas políticas de prevención y reducción, el proyecto contempla la creación de un fondo provincial, integrado con el 40% del Impuesto Inmobiliario Rural, luego de la coparticipación a municipios y comunas.