Los contribuyentes santafesinos con deudas impositivas vencidas al 30 de noviembre del año pasado podrán acogerse desde el 1º de febrero al régimen de regularización incluido en la ley tributaria aprobada a fines del año pasado. El plan alcanza a todos los impuestos provinciales y habrá plazo para entrar hasta fines de abril.

El gobierno provincial terminará de reglamentar el programa la semana próxima. “Es una oportunidad para regularizar la situación”, dijo el secretario de Finanzas, Jorge Simón, quien advirtió que en paralelo la Administración Provincial de Impuestos (API) profundizara los controles contra la evasión.

Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Patentes, Embarcaciones y tasas retributivas de servicios entran en el plan de regularización. Los contribuyentes también podrán ponerse al día con las mejoras no declaradas en sus inmuebles. Por otra parte, quienes adhirieron al blanqueo nacional aprobado en 2016 y no pagaron el impuesto especial de la provincia, también podrán regularizar la situación.

Las obligaciones a regularizar se actualizarán a una tasa del 2 por ciento mensual, un interés que está “por debajo de la inflación”, señaló el secretario de Finanzas. La deuda se podrá cancelar al contado con planes de hasta 36 cuotas, según el siguiente detalle:

Contado: abonando dentro de la vigencia del régimen de regularización se reducirán los intereses en un 70 por ciento.
Doce cuotas: la tasa de interés por financiamiento será del 1,5 por ciento mensual aplicable sobre saldos, sistema alemán, con una reducción de los intereses de un 30 por ciento.
Veinticuatro cuotas: interés por financiamiento del 2 por ciento mensual, con una reducción de los intereses de un 15 por ciento.
Treinta y seis cuotas: interés por financiamiento del 2,5 por ciento mensual. Debe abonarse la primera cuota al momento de proponer el plan de pago.
El secretario de Finanzas explicó que el objetivo de facilitar el ingreso al régimen de regularización e instrumentar planes accesibles pasa por “facilitar por esta vía tanto el pago de deudas como las declaraciones de mejoras en relación al impuesto inmobiliario”.

Aunque evitó precisar las proyecciones que manejan en materia de recaudación, a partir del nuevo régimen, sí reiteró que se detectó un importante nivel mora en materia impositiva. En el caso del impuesto inmobiliario, la cobranza está en el orden del 70 por ciento actualmente.

Más controles

En Ingresos Brutos y Sellos se detectó, además de mora, un alto nivel de evasión. Por eso, Simón advirtió que, a la par de otorgar la facilidad para regularizar la situación tributaria, el gobierno santafesino incrementará los controles. “El control está relajado y la situación económica también influyó para que merme la recaudación”, señaló.

El funcionario recordó las reuniones que el gobernador Omar Perotti mantuvo la semana pasada con la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, con quienes avanzaron en el trabajo para intercambiar información. Esa colaboración es clave para mejorar el nivel de control. Aunque su incidencia potencial es menor en la torta tributaria, por ejemplo no hay recaudación por el impuesto especial creado en la provincia para gravar a los contribuyentes de la provincia que entraron en el blanqueo de capitales instrumentado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Si bien el plazo para acogerse a la moratoria finaliza en abril, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de extenderla por otros treinta días. Mientras tanto, “habrá controles durante y después”, indicó Simón.

Sobre el final del año pasado, la Legislatura aprobó la reforma impositiva, que elevó la alícuota de Ingresos Brutos para las empresas de procesamiento de granos, del 1,5 por ciento al 2 por ciento, y se redujo la segmentación de ese tributo en el caso de los bancos. Por otro lado, se prorrogó el régimen de estabilidad fiscal. Se estima que la reforma aportará mil millones de pesos anuales a las arcas santafesinas.

El gobierno intentó también aprobar un proyecto de ley de emergencia económica, que incluía autorización para tomar deuda y transferir recursos de las partidas para gastos de capital a las del gasto corriente. Esa iniciativa no fue aprobada e pero el Poder Ejecutivo insistirá.

Nación: intereses son 4,3 por ciento del PBI

El gasto de la administración pública nacional cayó 6,4 por ciento durante 2019 pero los intereses de la deuda, que aumentaron en términos reales 10,7 por ciento interanual, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El órgano legislativo informó que los intereses de la deuda crecieron desde 3,7 por ciento del PIB en 2018 a 4,3 por ciento el año pasado. La atención de la deuda pública, según el informe, contempló un crédito inicial en el presupuesto de $ 743.600 millones, pero el devengado al finalizar el ejercicio fue de $ 931.600 millones. Fue un crecimiento de 60 por ciento respecto de 2018. Pasaron de representar el 17,4 por ciento de los gastos al 20,6 por ciento. Los otros gastos bajaron, tanto los corrientes como los de capital. Las prestaciones sociales cayeron 6,1 por ciento en términos reales, porque “la ley de Movilidad no permitió compensar la suba de precios”.