El Senado provincial dio sanción definitiva, el último jueves, a la ley que establece el derecho de jarras. La iniciativa, elaborada e impulsada por la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), establece que todo consumidor puede solicitar agua potable, libre y segura en cualquier bar o restaurante del territorio santafesino.
Provinciales04/12/2019
EL INFORME de Ceres
Aníbal Faccendini, titular de esa cátedra, celebró la sanción desde Río de Janeiro, donde se encontraba participando este fin de semana de ColaborAmerica 2019, un encuentro internacional que reúne a expertos de todo el mundo para debatir sobre cultura colaborativa, y donde el medio ambiente y la sustentabilidad tienen particular protagonismo. En ese marco, el sábado expuso sobre este derecho que ahora se consolidó como ley en toda la provincia y que ya rige como ordenanza en Rosario y como resolución en esta capital.
Agradecido con quienes apoyaron el proyecto y con la diputada Marita Ayala que lo impulsó oportunamente en la Cámara Baja, Faccendini insistió -en diálogo con este diario- en el concepto de ambientalismo inclusivo que promueve esta norma, y el avance progresista que significa para la provincia la sanción obtenida el jueves. “Es el primer Estado subnacional en contar con una ley de estas características”, destacó, para insistir en que se trata de “un avance en un derecho humano para la totalidad de las localidades santafesinas”.
Aníbal Faccendini: “Es un avance en un derecho humano para la totalidad de las localidades santafesinas”.Foto: Luis Cetraro
Ambientalismo inclusivo
El proyecto se comenzó a gestar en 2010 con la firma del Manifiesto del Agua; siguió un año después con el Pacto público del agua para instrumentar “mejoras ambientales desde la sociología de lo cotidiano”.
Avanzó en un proyecto presentado por Ayala en la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en 2017 y en la última sesión del período ordinario logró rango de ley.
Resta ahora su reglamentación. Pero el proceso no termina aquí: “Necesitamos que los parques públicos sean públicos y que el acceso al agua potable, libre y segura sea para toda la ciudadanía”. Además, otro frente de trabajo está constituido por las escuelas públicas y privadas, para que cuenten con bebederos y dispenser en todos los establecimientos, proyecto del que se hizo eco el diputado nacional -y futuro ministro de Defensa- Agustín Rossi (FpV).
“Vamos avanzando hacia una transformación para lograr mejoras ambientales y que el Estado esté presente en la vida cotidiana de la gente”, señaló Faccendini. “La vida de los comunes se nos va en las pequeñas cosas, y por eso es importante que cuando una persona va a un parque se sienta cómoda y cuando concurra a un bar o un restaurante tenga derecho a pedir un vaso de agua”.
Qué dice la ley
El texto aprobado el jueves último establece que los locales radicados en la provincia que venden bebidas y comidas al público y cuenten con el servicio de agua de red apta para el consumo humano, deben disponer para sus clientes el acceso gratuito al agua, mediante una jarra de mesa u otro receptáculo, garantizando el derecho humano al agua.
Además, en establecimientos que dependen de los distintos órganos de poder del Estado provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, se debe disponer de bebederos u otro dispositivo de acceso gratuito al agua de red, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos que asistan a esos lugares.
En convenciones, congresos, conferencias, seminarios, reuniones y demás actividades cuya organización involucre a organismos estatales, se debe promover el uso de agua de red con preferencia a todo otro tipo de agua tratada para consumo humano.
Pioneros
En Rosario rige, desde el año 2015, la ordenanza 9.465 que establece la obligatoriedad de poner agua potable a disposición de la clientela de locales gastronómicos, bares y restaurantes habilitados.
En la ciudad de Santa Fe, el derecho de jarras está vigente por resolución a instancias de la concejala Marcela Aeberhard.
El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) adhirió a este derecho en mayo de 2019, por resolución 174.
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