Redacción El Informe de Ceres
La decisión, comunicada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, marca el fin de una restricción que, según el funcionario, perjudicaba a varios sectores de la economía.
En primer lugar, al deprimir los precios locales, desin-centivaba el reciclaje de estos materiales.
Además, impedía que numerosas empresas, especialmente las más pequeñas del sector de reciclaje, pudieran realizar negocios de valorización de residuos, como la exportación de cables de cobre desechados por compañías telefónicas.
La medida beneficiaba principalmente a los procesadores de chatarra, pero perjudicaba a quienes la producían.
Según el ministro esta prohibición generaba una pérdida de oportunidades de negocio para la valorización de residuos.
Además, indicó que, en los últimos meses, el Gobierno recibió múltiples mensajes de empresas que vieron sus operaciones limitadas por esta restricción.
Fin de la intervención estatal en el mercado
Sturzenegger argumentó que esta decisión se alinea con la política del presidente Milei de evitar la intervención estatal para redistribuir ingresos de manera arbitraria entre los actores del mercado.
Al no renovar los decretos 1040/20 y 70/23, el Gobierno busca eliminar una medida que se consideraba perjudicial para el libre comercio y el desarrollo del sector de reciclaje.
Congelan la contratación de empleados públicos: qué es el «3×1»
Ahora, el Gobierno estableció un nuevo régimen para el sector: prohibió nuevas contrataciones en el ámbito nacional, estableció la duración máxima de los contratos y confirmó que para acceder a un puesto en el Estado será obligatorio acreditar la aprobación de un examen de idoneidad.
La nueva reglamentación fue oficializada con la última edición del Boletín Oficial de 2024 en la que se publicaron los decretos 1148/2024 y 1149/2024, que llevan las firmas de Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Si bien la normativa establece excepciones al virtual congelamiento de la planta estatal, crea en los hechos un nuevo régimen del empleo público.
El primer Decreto suspende el ingreso de nuevos agentes al consignar que «las jurisdicciones y entidades del sector público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza».
La limitación alcanza a contrataciones para las plantas transitorias o por tiempo indeterminado, así como también a los denominados «monotributistas» regidos por los contratos 1.109.
No obstante, la reglamentación fijó una serie de excepciones para estas restricciones entre las que se encuentran «las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en las Universidades; en el Servicio Exterior de la Nación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y en el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud», entre otras.
También establece un requisito para validar nuevos ingresos: se podrá «disponer únicamente de un alta en el supuesto que se informe tres bajas de personal, cualquiera fuera la causal». Será la estrategia del «3×1».
La segunda reglamentación estableció que como un paso ineludible para el ingreso de nuevos agentes que éstos pasen el denominado examen de idoneidad.
«Deberá acreditar la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias durante el mes de diciembre de 2024», sostiene. Y delimitó que las contrataciones del sector público nacional «no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025», indicó.
En el marco del recorte de empleos públicos, 21.408 personas perdieron su trabajo en la administración centralizada y descentralizada, 2.577 fueron echados de sus funciones como personal Militar y de Seguridad, y 11.951 que trabajaban en empresas del Estado.
El funcionario celebró la cifra de empleados desafectados y sostuvo que «siempre menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños».
En diciembre último, en tanto, se sumaron unos 2.200 despidos en el ámbito del ministerio de Justicia -la mayoría de los famosos «contratos ACARA»- y de más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público, un organismo creado por la denominada Ley de Medios al que ahora el Ejecutivo anticipó su intención de eliminar.
