Redacción El Informe de Ceres
La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó hoy la “inmediata captura” del ex gobernador Sergio Urribarri por una causa en la que recibió una condena a 8 años de prisión en 2022 e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Así lo decidió por unanimidad el Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa provincia, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.
El dirigente fue detenido este martes en Concordia, donde reside. Personal policial se acercó a su domicilio para proceder con su arresto. En las inmediaciones de su casa, se pudo observar una ambulancia, aunque no se ha informado oficialmente el motivo de su presencia.
Según la prensa local, el Servicio Penitenciario ya inició los procedimientos para llevar a Urribarri desde Concordia y en la misma situación, a su cuñado Juan Pablo Aguilera desde Paraná. Ambos serán alojados en la prisión provincial mientras cumplen la condena.
Si bien Urribarri contaba con condena en segunda instancia, gozaba de la libertad hasta esta nueva orden dispuesta esta mañana por la Cámara de Casación provincial y comunicada por la presidenta del tribunal, Marcela Davite, al jefe de la Policía de Entre Ríos, que una vez que lo capturase debería “alojarlo” en la Unidad Penal 1 de Paraná, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull fundamentaron su solicitud de prisión inmediata en el "riesgo serio de fuga", dado el monto de la pena y la naturaleza de los delitos. En su análisis, destacaron la gravedad de los hechos probados y el esquema de corrupción que operaba durante el mandato de Urribarri.
Entre los hechos investigados en la causa inicial, se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial, con contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014.
Asimismo, la justicia consideró que Urribarri dispuso de fondos provinciales como propios, financiando la campaña en la que compitió como candidato presidencial en la interna del peronismo en el año 2015.
