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El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro no descartó declarar el toque de queda en Rosario, ante la ola de violencia relacionada al narcotráfico. Además, deslizó la posibilidad de indultar o conmutar penas a policías condenados por exceso de legítima defensa. El mandatario habló tras una reunión de la Junta provincial de Seguridad.
Provinciales26/03/2024
Redacción El Informe de Ceres






Este martes, en Casa Gris, se llevó a cabo una reunión de la Junta Provincial de Seguridad, de la que participó una gran cantidad de funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Judicial y los presidentes de los bloques legislativos.


Tras el encuentro y en ronda de prensa, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no descartó declarar el toque de queda en la ciudad de Rosario –en el marco de la ola de violencia propiciada por las bandas narcocriminales– y deslizó la posibilidad de indultar o conmutar la pena a policías que fueron condenados por exceso en la legítima defensa.
“En Rosario vivimos momentos muy duros, terribles y trágicos que nos hace reflexionar, pero también nos hacen ratificar las políticas públicas que vamos a seguir llevando adelante”, dijo el mandatario santafesino y remarcó que “el control a las cárceles nos ha traído disminución de delitos en toda la provincia de Santa Fe”.
El gobernador resaltó que se sigue trabajando “escuchando a los poderes del Estado y denunciando al crimen organizado con el objetivo de vencer a las mafias violentas”.
Al ser consultado sobre las posibilidades de declarar una especie de toque de queda en la ciudad de Rosario –ante la ola de violencia relacionada con el narcotráfico–, Pullaro aseguró: “Nunca voy a descartar absolutamente nada ante lo que vivimos hace un poco más de 15 días, que fueron ataques terroristas”.
El gobernador volvió a resaltar que la ola de crímenes, amenazas y balaceras en el sur provincial “tuvo una lógica y arrancó en diciembre de 2023 cuando tomamos la decisión de aislar a los líderes de las organizaciones criminales y ponerlos en lugares de reclusión diferentes” y agregó: “En ese mismo momento empezaron los ataques y las amenazas que siguieron hasta ayer. Se pretende quebrar una política pública y una lógica de trabajo”.
Otro aspecto que puede generar controversias tiene que ver con los indultos o la conmutación de penas a policías de Santa Fe condenados por excesos en la legítima defensa. “Estoy estudiando el tema. Le pedí al fiscal de Estado, al departamento de Legal y Técnica y al ministro (de Gobierno) Fabián Bastia, que estudien el tema en profundidad”.
“Siento que hubo muchos hechos que fueron injustos. Fui ministro de Seguridad y vi el estrés que vive un policía en cinco segundos cuando tienen un enfrentamiento. Me dolía cuando ese policía, por un exceso en la legítima defensa, terminaba detenido unas horas, imagínate unos años”, opinó el mandatario radical.
En la misma dirección, Pullaro señaló que “necesitamos una policía que no tenga temor en actuar contra los delincuentes”, a la vez que aclaró que los policías que podrían ser beneficiados con un indulto o una conmutación de penas no son quienes hayas sido condenados policías en causas por gatillo fácil. “Son hechos en los que hubo enfrentamientos, que están comprobados, y que no tenían vínculos con el delito”, aseguró.
Por último, se refirió al mensaje del Papa Francisco, quien habló de la problemática de Rosario. Al respecto, Pullaro manifestó que “todo lo que ayude a poner en relevancia el problema que vivimos lo rescato y lo valoro”.
Del encuentro, llevado a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, participaron además del gobernador el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el secretario general de la provincia, Juan Cruz Cándido; las secretarias de Asuntos Penales, Lucía Masneri Calderari, y de Gestión Institucional, María Virginia Coudannes; los secretarios de Seguridad Pública, Omar Pereira, de Justicia, Santiago Mascheroni, y de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; la fiscal general María Cecilia Vranicich; entre otras autoridades de los poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial.






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