Redacción El Informe de Ceres
El anuncio más explícito de las renovaciones de contrato que hizo Vizzotti no provino del sitio oficial del Ministerio de Salud ni del Boletín Oficial, dado que la resolución por medio de la cual se efectiviza la medida no fue publicada en ninguno de los dos. En cambio, quienes comunicaron la noticia fueron los trabajadores nucleados en ATE Salud, los cuales la celebraron como un logro y un paso importante en la defensa de sus puestos de trabajo de cara al gobierno de Milei.
“Tal como lo venimos exigiendo desde ATE SALUD, en el día de hoy la Ministra Carla Vizzotti firmó la renovación de los contratos que se encuentran en el marco del decreto 214/06 y 1109”, escribieron en Facebook ya el 28 de noviembre pasado. Acompañando su mensaje, publicaron una captura de pantalla de una sola página de la resolución en cuestión, siendo ésta lo único que se conoció públicamente del documento en sí.
En el artículo 1, se lee que se darán “por prorrogados, por el período comprendido entre el 1º de enero de 2024 y el 31 de diciembre del mismo año, los contratos de prestación de servicios celebrados oportunamente bajo el régimen establecido por el artículo 9º del Anexo de la Ley N° 25.164 y normas reglamentarias y complementarias”.
Además, quienes redactaron el texto añadieron que las personas cuyos contratos se renovaron figuran en un Anexo denominado IF-2023-140318635-APN-DAP#MS, el cual tampoco está disponible en las páginas web oficiales.
Por su parte, el artículo 2 renueva por el mismo período “los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente bajo el régimen establecido por el Decreto N° 1109/17 y modificatorios”, correspondientes a las personas enumeradas en un Anexo II denominado IF-2023-140319797-APN-DAP#MS que por el momento tampoco está publicado.
De este modo, aunque llama la atención la falta de transparencia con la que se ejecutó la renovación, también es cierto que al no haber acceso a esos anexos no se conoce con exactitud cuántas personas renovaron efectivamente sus contratos. La cifra que ronda los 5000 fue esbozada por una “fuente bien informada al tanto del funcionamiento del Ministerio” citada por Clarín.
En tanto, desde el entorno de la Presidencia respondieron al mismo medio que la resolución no fue publicada porque no es obligatorio que pasen por la Secretaría Legal y Técnica, de la cual depende el Boletín Oficial. “Alcanza con el dictamen de Asuntos Jurídicos de cada ministerio”, sostuvieron.
