Redacción El Informe de Ceres
El proyecto de presupuesto 2024 de la provincia de Santa Fe, consensuado en buena medida entre el gobierno saliente de Omar Perotti y el entrante de Maximiliano Pullaro, revela que la coparticipación federal de impuestos, hoy en severa discusión entre los candidatos presidenciales Javier Milei y Sergio Massa, explica el 48% de los recursos del Estado santafesino y cubre en su totalidad el gasto en personal.
No es ninguna noticia que el sistema de distribución automática de fondos tributarios nacionales a las provincias es uno de los aspectos más controvertidos de la campaña electoral por la Presidencia.
El postulante libertario sostiene que hay que eliminarlo e incluso llegó a compararlo con un violador serial de mujeres. Su contrincante de Unión por la Patria, por el contrario, prometió mantenerlo y ampliarlo.
En el medio, varios gobernadores advirtieron que sin ese mecanismo correría riesgo el pago de salarios estatales. En las previsiones para el año próximo en la provincia de Santa Fe, condensadas en la iniciativa que entró el martes en la Legislatura, hay datos duros para visualizar en concreto esta polémica.
En la argumentación del mensaje se aclara, primeramente, la metodología de cálculo. “Los recursos provenientes de la coparticipación federal y otros fondos de origen nacional se han estimado con un crecimiento proyectado del Producto Bruto Interno del 2,7% y un incremento en el nivel general de precios del orden del 69,5%, en línea con la pauta macro fiscal presentada por el gobierno nacional”, indica el texto oficial.
Más adelante, señala: “En materia de gastos en Personal, Transferencias y Pasividades el proyecto considera el efecto resultante de la anualización de las políticas salariales dispuestas durante el corriente año y con impacto conocido a la fecha”.
Dicho esto, a los números. La inversión global en salarios calculada para 2024 es $1.662.587.842.000. La cifra incluye a la Administración Central: gobernación, todos los ministerios, el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Defensoría del Pueblo, la Legislatura, el Poder Judicial. También a los Organismos Descentralizados, como los aeropuertos, Lotería y el IAPIP, entre otros. Y por último, a las Instituciones de la Seguridad Social: Caja de Jubilaciones e Iapos.
La enorme mayoría de ese número, un 78%, se concentra en tres carteras: Educación, Seguridad y Salud. La razón es obvia: allí están los sueldos de docentes, asistentes escolares, policías, penitenciarios, médicos, enfermeros y continúa la lista. Se trata, en todos los casos, de servicios críticos del Estado provincial.
Por el lado de los recursos, el proyecto de presupuesto provincial precisa que los ingresos por impuestos nacionales están estimados en $2.337.437.338.000. Esa cifra constituye el 48% del total y el 65% de los fondos de origen tributario. Y más que cubre completamente el gasto en personal. De allí el título de esta nota.
Para el final, conviene destacar un elemento que en otro contexto tendría una importancia secundaria. El artículo 13 de la iniciativa presentada el martes a la Legislatura dice lo siguiente: “Los importes a abonar en el ejercicio 2024 al Sector Docente Provincial en concepto de Incentivo Docente estarán limitados a los ingresos provenientes del Gobierno nacional, que con tal destino se efectivicen en dicho ejercicio”.
Es un texto habitual en los presupuestos, no siempre cumplido al pie de la letra. Pero, ante la posibilidad cierta de un ajuste draconiano a escala nacional, adquiere una singular importancia.
