Redacción El Informe de Ceres
Con el pedido de los ruralistas sobre una declaración de Emergencia Agropecuaria al ejecutivo provincial desde el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología no se vislumbra la alternativa de decretar la vigencia de la ley, puesto que desde la misma cartera consideran a la legislación como "obsoleta". Todas las expectativas están puestas en la nueva ley que el ejecutivo presentó mediante el proyecto a la Legislatura, la cual está aguardando ser tratada en el Senado provincial.
Desde la cartera productiva destacaron que "es la mejor herramienta para dar respuestas ante la extrema sequía", además de sostener que "lo vigente no sirve. Por eso dotamos de la mayor cantidad de herramientas que aporten capital de trabajo al sector". Por fuera de lo que establece la vigente ley de emergencia el gobierno lleva adelante numerosos mecanismos de asistencia para productores ante la histórica sequía, aunque se aguarda por la aplicación de la nueva legislación.
El reclamo
Entidades agropecuarias reclaman que el gobierno provincial decrete el estado de emergencia y desastre por la sequía. Sara Gardiol, presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), dijo que la situación “es muy grave” y que el sector necesita “facilidades financieras y tributarias” para atender sus obligaciones.
A su vez, Gardiol explicó que “los informes técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) demuestran que la situación es muy grave, además de lo que constatan día a día los propios productores”.
“A raíz de esto, y como no obtuvimos respuestas de los funcionarios provinciales con los que estuvimos reunidos, hemos presentado por Mesa de Entradas de Gobernación una carta directa al gobernador para que tome cartas en el asunto y realice los trámites pertinentes para declarar la emergencia de la provincia a nivel nacional” a raíz del problema climático, precisó Gardiol.
La nueva ley
Durante la última emergencia agropecuaria en la provincia, 12 millones de hectáreas quedaron con la posibilidad de que los productores envíen declaraciones juradas de daños en los cultivos o en las actividades ganaderas y lecheras, para así obtener el certificado de emergencia.
Si el productor tenía más del 50% de la producción dañada obtenía un certificado de emergencia con la prórroga del impuesto inmobiliario rural. Si la afectación era mayor al 80% correspondía un certificado de desastre, con lo que no se paga el impuesto inmobiliario rural por los seis meses que duró la emergencia. "Es bajísimo porque es una ley que no resuelve el problema del productor", indicaron desde provincia.
Las acciones que detalló Carrizo con respecto a las posibilidades que abre el proyecto de ley se enmarcan en "que los productores puedan comprar un molino, que en el norte se pueda hacer captación de agua, plantar árboles, poder tener sistemas de sombreo para la hacienda y mejorar el bienestar animal, poder tener pasturas de calidad bien preparadas para cuando haya una sequía con una buena oferta forrajera".
La nueva ley tendrá como eje la confección de seguros agropecuarios y un fondo que va a venir del impuesto inmobiliario rural. "El 40% de los fondos del impuesto inmobiliario rural va a ir destinado a este fondo, lo que nos va a permitir trabajar en todas estas herramientas de asistencia financiera y el fomento de los seguros agropecuarios", concluyó la secretaria provincial de Agroalimentos.
