Redacción El Informe de Ceres
Por iniciativa del gobierno provincial, el pasado jueves 17 de marzo la Legislatura Provincial dio luz verde a una nueva prórroga de la Ley 13.666, extendiendo así hasta 2024 “el estado de emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores, familias de trabajadores rurales, campesinos e indígenas que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término superior a diez años”. De esta manera, se suspendió por dos años la ejecución de acciones legales que condujeran al desalojo de dichas tierras.
El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología elevó una nota a la Legislatura solicitando esta medida. En este sentido, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, expresó: “Entendemos que es importante continuar con este estado de emergencia para poder ir resolviendo las distintas situaciones de posesión de pequeños productores. Además se lleva adelante un trabajo articulado con distintas áreas de gobierno para poder llegar a la regularización dominial de pequeños productores que no pueden acceder a ese beneficio”.
Vale mencionar que en el marco de esta Ley 13.666, la provincia lleva adelante un Programa de Regularización Dominial con el objeto de realizar un relevamiento de la situación posesoria de pequeños productores ubicados en el territorio provincial y diseñar propuestas para regularizar la posesión. Para formar parte de esta iniciativa, es necesaria la inscripción al Registro Personal de Poseedores, para lo cual puede consultarse el siguiente trámite: https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=265632
A los fines de resolver las situaciones posesorias, este Programa crea una Comisión de Asesoramiento, presidida por un representantes del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, las asociaciones o entidades de pequeños productores e indígenas, el Ministerio de Gestión Pública, la Secretaría de Hábitat, Vivienda y Urbanismo, el Servicio de Catastro e Información Territorial, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y la Legislatura provincial.
