Tarifas energéticas: lo que se viene para 2022

Los subsidios a la energía y al transporte representan 3 puntos del PBI y son claves en un año en que el FMI pide una reducción del déficit primario de u$s 14.100 millones (0,7% del PBI). En Santa Fe, la energía eléctrica costará un 25% más en promedio y el transporte un 39%. Con paritarias rondando el 40% con cláusula gatillo, ¿cómo cierran los números?
 
La decisión está tomada, el acuerdo con el FMI (los detalles del memorándum llegarían en marzo) se firma y las luces verdes y rojas del tablero de la Cámara de Diputados (porque al margen de Cristina, los gobernadores garantizan la media sanción del Senado) van a mostrar un reparto inédito: la oposición votará con el bloque oficialista que hoy conduce el rosarino Germán Martínez, el mismo que deberá garantizar la libertad de conciencia de un puñado de legisladores propios y bancar votos en contra. Ya lo hizo Agustín Rossi en 2012 con Héctor Recalde, presentando un proyecto por la minoría para votar en contra la reforma a la Ley de Riesgos Laborales; no es el fin de nada ni de nadie.

 Por el momento y pese a algunas declaraciones de funcionarios del Fondo, no hay reformas estructurales exigidas: el ajuste será y el verdadero progresismo estará condicionado a la pregunta que hiciera la que no conduce pero aporta más de un tercio de los votos del FDT: ¿quién va a pagar la deuda?

 Pregunta clave, pues según las exigencias del FMI el gobierno va a tener que afrontar las elecciones de 2023 con un déficit de 1,9% del PBI, cuando perdió las legislativas de 2021 con uno del 3% y una recuperación económica dispar que no se tradujo en un shock redistributivo, pero alcanzó para que los salarios registrados públicos y privados le ganen por 2 o 3 puntos a la inflación.

 Pese a la recuperación del gasto social del segundo semestre 2021 (que incluye programas sociales, jubilaciones y subsidios para contener tarifas), el peso total del gasto sobre el PBI es del 22,1%. O, lo que es lo mismo decir, el más bajo de los últimos 75 años en términos reales, mientras el FMI pretende que lo bajemos aún más hasta llegar al 18,7%.

 Finalmente la idea es ajustar gastando mejor, apuntalando el aumento de las exportaciones que aportan divisas con una reforma tributaria capaz de recaudar en serio entre los sectores con mayor capacidad contributiva; por ejemplo, convirtiendo un aporte solidario de millonarios en un impuesto regular que gravaría al 10% más rico de la población con alícuotas del 0,5% al 2,5% sobre el patrimonio que se avinieron a declarar (que nunca es más del 60% de lo que realmente poseen). En capitalismos “serios” como el de España, Francia, Noruega y algunos cantones suizos, eso ya existe.

20 para todes y hasta un 40 para los más ricos
 
Al decir del secretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, el programa de segmentación tarifario –que incluye un análisis de los costos y propuestas de suba presentados por las empresas y lo que el gobierno ofrece como “aumentos sustentables”, según el ENRE y el Conicet– está presentado en el Ministerio de Economía en diciembre y es Martín Guzmán el que lo “tiene pisado”. Poco se sabe del plan que asume la dificultad de cruzar bases de AFIP, Anses y el Banco Central para determinar sectores socioeconómicos y capacidades contributivas, pero lo esencial puede sintetizarse en los siguientes ítems:

 * Habrá un aumento de tarifa de consumo eléctrico a nivel nacional del 20% para todas y todes, es el tope de lo que se aumentaría en el año y comenzaría a regir a partir de marzo.

 * Se implementaría un programa de segmentación tarifaria ajustado a la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública y el Decreto 1020/2020, que en los hechos implicaría una quita gradual o súbita de subsidios para usuarios residenciales zonificados en barrios y countries del AMBA. Serían unos 487.000 en total, que pasarían a pagar –además del 20% que pagan todes– tarifas con una quita plena de subsidios. Si bien se especulaba con una segmentación dentro del estrato definido como de alta capacidad contributiva, que contemplara quitas de entre el 40% y el 60% de lo subsidiado- el deseo del FMI de bajar la totalidad de subsidios a la mitad impulsó la quita plena. Spoiler: no alcanza para cumplir con los deseos del Fondo pero es un principio de equidad y justicia distributiva que quien más posee pague más.

 * Atentos al punto anterior y por la concentración de usuarios con gran poder adquisitivo (el 40% del país según estimaciones de AFIP), la primera etapa de la segmentación progresiva comprende a CABA y 40 municipios de PBA, pero también habrá diseños similares para el resto de las provincias argentinas. Santa Fe ya tiene un aumento contemplado en dos tramos y para todes del 23% y un plan de segmentación en estudio por parte del gobierno provincial, que incluye la ampliación de la Tarifa Social hacia unos 40.000 usuarios y hogares con ingresos menores a dos salarios mínimos (unos $66.000 a valores actuales).

 Hipervínculo importante: ya que hablamos del salario mínimo vital y móvil, si consideramos que en febrero alcanzó los $33.000 (apenas por encima de la jubilación mínima aumentada para marzo) y que la línea de indigencia equivalente con la Canasta Básica de Alimentos –excluye alquiler y servicios– está valuada por el INDEC en $32.964; tenemos algo inédito en la historia de los gobiernos peronistas: un salario mínimo en línea con la indigencia y que representa menos de la mitad de la Canasta Básica Total que define la línea de pobreza. Materia pendiente, sin dudas.

 Los detalles que aún no se conocen y preocupan a los usuarios de barrios como Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Villa Devoto o parte de Caballito, de los numerosos countries del cordón Olivos, San Isidro, San Fernando y Tigre o los santafesinísimos Aires del Llano, Altos de la Ribera, Country Tenis o Carlos Pellegrini, son los que definen si les van a quitar el 100% de los subsidios de manera abrupta o escalonada. Con qué escala –porque el criterio está claro, dada la valoración de los terrenos donde viven, su capacidad adquisitiva declarada y el nivel de consumo que tienen– van a pasar de pagar sus boletas de luz de $15.000 promedio a casi $45.000, de un mes para otro o gradualmente.

 El proyecto de segmentación contempla que aquellos usuarios residenciales zonificados en barrios abiertos o cerrados altamente valorizados, que no puedan afrontar la quita de la totalidad del subsidio, podrán solicitar una asistencia diferencial; esto es al revés que lo habitual, cuando el Estado primero paga sin preguntar ni diferenciar. Ahora quita y devuelve si el nivel de ingresos de cada solicitante lo amerita.

No es un tarifazo, pero ¿qué hará la Corte?
Así como resulta malintencionado equiparar –aunque los resultados macroeconómicos afectados por las tres olas de la pandemia no son los esperados– al gobierno de Alberto Fernández con el endeudamiento e industricidio ejecutados por Mauricio Macri, es de igual grosería equiparar un tarifazo que (para sectores de altos ingresos) podría ser hasta del 300%, con aumentos en la energía eléctrica de entre 3.400% y 5.500% o de gas de entre 1.200% y 1.500%, durante el período 2015-2019.

 Queda para los que no puedan revertir la quita, pagar lo que corresponde (incluso en cuotas, como suele hacer la clase media), adoptar la modalidad Maru Botana (engancharse de la luz en un country para negarlo después) o, finalmente, apelar a la conciencia de clase (alta) de la Corte Suprema y reeditar –sin ponerse colorados– una cruzada de asociaciones de consumidores VIP capaz de obtener un fallo favorable que los suspenda.

 Así como se resignó una herramienta clave de política económica en el marco del acuerdo con el Fondo –la emisión de pesos para financiar el déficit primario en un contexto complejo a nivel mundial– el diseño de un esquema tarifario más justo representa un instrumento clave para la reasignación de recursos y una modalidad de “salario indirecto” que permitiría mejorar la dinámica del mercado interno, que consume el 73% de todos los bienes y servicios que componen el PBI.

 Las empresas transportadoras y distribuidoras (que ganaron fortunas con Macri, no invirtieron ni el 15% de las utilidades que fugaron, presentan balances con déficits operativos millonarios en dólares y pidieron aumentos por encima del 80%), las unidades productivas que deberían seguir sosteniendo el crecimiento industrial indispensable para la reactivación económica y los usuarios de toda laya velamos por nuestros costos, por la rentabilidad o la capacidad de compra de nuestros salarios, pero el gobierno tiene la complicación añadida de tener que regularlos a todos de acuerdo a criterios razonables y de justicia social, mensurando los costos políticos que deberá pagar por las decisiones que tome.

 Porque no hay empate económico y social posible, no existe la economía social de mercado o el policlasismo de clase, son artefactos teóricos casi religiosos, productos de una metafísica absurda que esconde la mezquindad de los que buscan mantener la concentración del poder y la riqueza o la impotencia de quienes asumen compromisos electorales en nombre de la inclusión y la igualdad pero terminan maniatados por el peso de un dato que ya conocían antes de asumir: lo desfavorable de las correlaciones de fuerzas, las mismas que no se deciden a enfrentar mientras se hacen cálculos electorales en el aire, en vez de construir poder popular.

FUENTE: AIRE DE SANTA FE