Comenzó el juicio por la desaparición de Maxi Sosa

El debate comenzó minutos después de las 9 de la mañana ante un tribunal conformado por los jueces Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivón Vella.

En el banquillo de los acusados se encuentran la abuela del niño, Patricia Sayago y quien al momento de la desaparición era su pareja, Ariel Malagueño. Ambos procesados, con prisión preventiva, por el delito de “sustracción de persona menor de 10 años” tras haber sido investigados en la Justicia federal de Rafaela.

El juicio se desarrollará durante este lunes y se extenderá hasta el próximo miércoles cuando el tribunal de a conocer el veredicto. Por la sala de Primera Junta y San Jerónimo pasarán un total de 58 testigos que declararán ante los jueces, el fiscal general, Martín Suárez Faisal, y los abogados defensores Luis Carlos Rittiner (que asiste a Malagueño) y Julio Agnoli, de la defensa pública (que representa a Sayago).

Las audiencias tendrán la particularidad de que serán a puertas cerradas por lo que no se permite el ingreso de periodistas o público en general. Tal medida fue dispuesta tras una acordada del Poder Judicial que limita la presencia de personas dentro de la sala.

Cinco años desaparecido
Al momento de su desaparición Maxi Sosa tenía 3 años y residía en una vivienda del barrio Juan Pablo Segundo II. El mismo fue visto por última vez el 21 de diciembre del 2015 cuando se encontraba al cuidado de su abuela debido a que su madre estaba internada en el hospital a punto de dar a luz.

La investigación, que elevó a juicio el fiscal Gustavo Onel, acusó a la abuela de Maxi y su pareja de haber sustraído al pequeño sin el consentimiento de su madre, entre los días 18 y 21 de diciembre del año 2015. Ambos habrían “retenido y ocultado” al menor, hasta el 26 de diciembre en un inmueble donde habitaban, conocido como el “Chalecito”, ubicado en la localidad de Colonia Montefiore.

El caso forma parte de un largo recorrido judicial cuyo inicio fue en la Justicia provincial cuando la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Emilce Fisore, junto con agentes de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de Santa Fe, reunió una serie de elementos que comprometieron a la abuela de Maxi y su pareja con la desaparición del niño. Al sospechar de que existía el delito de trata de personas, Fissore solicitó que la causa pase al fuero federal en 2017. A partir de allí, la investigación tuvo sus idas y vueltas entre un fuero y otro, hasta que el 7 de junio del 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el expediente se radique en el Juzgado Federal de Rafaela.

Un año después, en julio del 2019, el entonces fiscal subrogante Federico Grimm buscó declarar una nueva incompetencia en el caso y el juez Abásolo hizo lugar. Sin embargo, ese planteo fue apelado por la defensa de Sayago, a cargo del defensor oficial, Marcelo Cerdá, por lo que tuvo que intervenir un juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Dos meses después, el juez Guillermo Toledo, no hizo lugar al planteo de Abásolo y ordenó que la causa siga en el Juzgado rafaelino. En medio de esos planteos, el Ministerio Público Fiscal dispuso que Javier Arzubi Calvo quede a cargo de la Fiscalía Federal de Rafaela, por lo que la causa cobró un nuevo impulso y terminó en el procesamiento de Sayago y Malagueño. Un año después, se hizo cargo de la Fiscalía, Gustavo Onel, el cual dispuso la clausura de la investigación y elevó la causa a juicio.