El juez de segunda instancia, Matías Drivet, confirmó la prisión preventiva impuesta por 90 días a cinco policías investigados por integrar una asociación ilícita dedicada al juego clandestino en Rafaela, informó la oficina de prensa del MPA.

El fiscal Guillermo Loyola representó al MPA en la audiencia de apelación. El funcionario del MPA –que tiene a su cargo la dirección de la investigación junto a la fiscal Gabriela Lema– recordó que la investigación del caso fue iniciada por el fiscal Martín Castellano, quien solicitó la medida cautelar de los imputados el pasado sábado 7 de noviembre.

Loyola destacó que “llegamos a esta audiencia a raíz de un recurso de apelación presentado por la Defensa de las personas investigadas”. No obstante, el representante del MPA subrayó que el camarista resolvió confirmar la prisión preventiva para no perjudicar los fines del proceso, atendiendo al desarrollo de la investigación y a la complejidad delictiva en la que se inserta el accionar imputado. Leer más Investigan a cinco policías por vínculos con el juego clandestino en Rafaela

Policías

Los agentes investigados son el exsubjefe de policía, José Jorge Pérez (51), los exjefes de la UR V Juan Pablo Bengochea (48), Fabián Forni (57) y Javier Gorosito (52); y el único imputado en actividad, Flavio Aranda (39), quien formó parte de la PDI de Rafaela y fue jefe del Comando Radioeléctrico en esa ciudad.

A los cinco hombres se les atribuyó la coautoría del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores. Además, a los imputados Bengoechea, Forni y Aranda se los investiga por ser partícipes necesarios del delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente. Los ilícitos fueron atribuidos en concurso real.

Confirmación

Acerca de la resolución de segunda instancia, Loyola puntualizó que “el juez consideró riesgosa la libertad de los imputados por la existencia de un entramado delictual no solo organizado y sostenido a lo largo del tiempo, sino también extendido territorial y personalmente”.

El magistrado sostuvo que se utilizaron numerosos recursos logísticos para el desarrollo de la empresa criminal, con contactos y coberturas que permitieron su funcionamiento y entendió que no se puede descartar que los imputados pretendan intervenir sobre la evidencia que aún resta ubicar y la prueba que debe producirse a lo largo del proceso.

El funcionario del MPA hizo hincapié en “el carácter de funcionarios policiales de los investigados, que fue un tema que se valoró durante la audiencia”. También explicó que se resaltó “la trama institucional densa, compleja y con tendencia a un funcionamiento refractario a los controles y con lazos corporativos fuertes”.

Civil

 El fiscal Loyola informó que “en el marco de la misma causa, se prorrogó la medida cautelar del civil de iniciales MGU, a quien se investiga como organizador de la asociación ilícita y quien está en prisión preventiva desde agosto de este año”.

La resolución fue tomada por el juez Javier Bottero en una audiencia realizada ayer en los tribunales de la ciudad de Rafaela.