Redacción El Informe de Ceres
La Legislatura de Santa Fe analizará un proyecto de ley impulsado por la diputada provincial Natalia Armas Belavi, que busca establecer la responsabilidad de los padres o tutores frente a las situaciones de acoso escolar, conocido como bullying, que involucren a sus hijos. La iniciativa se centra fuertemente en la prevención, pero también contempla sanciones económicas y tareas comunitarias como “última instancia” para los adultos que no se hagan cargo.
El proyecto, según explicó la legisladora, surge “a pedido de los padres” que buscan herramientas para que otros tutores “se hagan responsables sobre las actitudes o sobre la crianza de sus hijos”.
Capacitaciones obligatorias: el eje en la prevención
El punto principal de la propuesta es la prevención. Para ello, se promueven “capacitaciones o talleres para padres” que tendrían carácter obligatorio.
Estos talleres, detalló Armas Belavi, consistirían en “dos o tres encuentros anuales en las escuelas”, similares a las antiguas reuniones de entrega de informes. El objetivo es que los padres “estén obligados a ir y a formarse con profesionales que sepan del tema” en contra del bullying, aprendiendo a detectar si su hijo “puede ser el que está acosando o si su hijo es acosado”.
Sanciones: multas y tareas comunitarias
El proyecto contempla la aplicación de sanciones solo si la instancia de prevención falla y la situación de acoso persiste4. “Si esta instancia falla, si hay una situación de bullying, si se aborda con el docente, con los padres, con los directivos y no se logra superar, y los padres no se hacen cargo, bueno, listo, hasta acá llegó”, explicó la diputada.
En esos casos, que serían la “última instancia”, se intervendría junto a la Secretaría de Niñez. Las sanciones propuestas para los padres o tutores son dos:
Tareas comunitarias: A realizarse “dentro del ámbito escolar”.
Multa económica: Una sanción monetaria por no ejercer la responsabilidad de crianza “como corresponde”.
¿De cuánto serían las multas?
La iniciativa legislativa establece montos específicos para las multas económicas5. Estas irían “de 1 a 50 IUS” (Jus), lo que, según los valores actuales, equivaldría a un rango aproximado de “$110.000 a $5 millones de pesos”.
Armas Belavi enfatizó que estas medidas extremas se aplicarían a aquellos padres que “relativizan las actividades de sus hijos” con frases como “son cosas de niño”, “no fue para tanto” o “no lo hizo con maldad”.
“Hay dos niños que la están pasando mal: el que es acosado y el acosador, y este padre no se está haciendo cargo”, remarcó la legisladora, aclarando que la referencia a “padre” incluye a la madre o al tutor a cargo.
Antecedentes del proyecto
Consultada sobre la existencia de legislaciones similares, la diputada confirmó que “se está trabajando un proyecto similar en Mendoza”. Explicó que la propuesta santafesina surgió tras diálogos con asociaciones intermedias de esa provincia.
Aunque la educación es competencia provincial, Armas Belavi mencionó que existe “una idea de quizás nacionalizarlo en algún punto”. No obstante, aclaró que el proyecto mendocino “está solamente en tratamiento” y “todavía no hay legislación al respecto”.
