Redacción El Informe de Ceres
El fiscal Gerardo Pollicita decidió llamar a indagatoria a varios funcionarios de la Anses que firmaron la autorización del plus millonario en la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner.
La expresidenta percibía un adicional de seis millones de pesos por "zona austral" mientras residía en su departamento en el barrio de Recoleta, en la Capital Federal, y no en la provincia de Santa Cruz, que es el requisito para acceder a dicho beneficio.
En las próximas semanas, deberán comparecer ante la justicia Cristian Villani, director de Gestión Administrativa y Técnica del Área de Diseño de Normas y Procesos de la ANSES, y María Alejandra Bergamaschi, exdirectora de la Dirección General de Normas y Procesos del organismo.
Pollicita busca esclarecer quiénes son los responsables de la asignación, control y pago de jubilaciones de exmandatarios. En este sentido, ya realizó una primera ronda de indagatorias a empleados y exempleados de la Anses, aunque las respuestas obtenidas no fueron precisas.
En el expediente que se tramita en Comodoro Py, la Anses denunció a Cristina Kirchner por administración fraudulenta, estafa y falsedad ideológica. En su defensa, la exvicepresidenta argumentó que su domicilio está en Río Gallegos, ciudad donde ejerce su derecho al voto, lo que, según ella, le da derecho al cobro del plus en cuestión.
En diciembre, el gobierno de Javier Milei decidió dar de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y la pensión vitalicia que recibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner, tras la confirmación de la pena a la expresidenta en la Causa Vialidad.
De acuerdo con el Ejecutivo, Cristina Kirchner cobraba aproximadamente 21.827.624 pesos mensuales netos. La eliminación de su jubilación se justificó, entre otros motivos, porque se trata de un "beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación", que se considera una asignación graciable, sin carácter previsional, otorgada en reconocimiento al honor, mérito y buen desempeño del cargo.
Este beneficio no tiene carácter contributivo, es decir, no está sustentado en aportes equivalentes realizados por la beneficiaria, sino que es una gracia otorgada por el mérito y el honor.
Tras conocerse la decisión del Gobierno, la defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso de nulidad para bloquear la medida, argumentando que la eliminación de sus haberes mensuales constituía un acto "ilegal y autoritario".
Su abogado sostuvo que "no se dio cumplimiento al requisito de permitir la defensa del administrado" y añadió que, aunque la administración alegó que correspondía suspender la ejecución de un acto administrativo, no explicó los motivos que justificaran la violación de una ley nacional.
