Redacción El Informe de Ceres
Las cámaras de Senadores y de Diputados fueron convocadas a sesionar este jueves quebrando una costumbre institucional de que en enero hay receso parlamentario. La decisión de los bloques oficialistas de Unidos para Cambiar Santa Fe es avanzar con el tratamiento de los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo con el objetivo de mejorar la seguridad pública a partir del funcionamiento de operadores del área. Es más, en los pasillos legislativos se especula con la posibilidad también de convocar a las cámaras para el jueves venidero.
En Diputados, el eje de la semana está en la reforma a la ley 13.013 que es la que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se explicó desde el Ministerio de Justicia y Seguridad que el objetivo es potenciar a la Fiscalía General como máxima autoridad a través de facultades legales.
También apunta a reformas a la función de persecución penal modificando facultades, deberes, atribuciones y competencias de fiscales y policías en el marco de una investigación penal. La iniciativa del Ejecutivo establece en cabeza del MPA la dirección jurídica de la investigación y la litigación de las causas, y reserva para que la policía lleve adelante -mediante protocolos y directivas formales- la investigación técnica y científica.
El proyecto en discusión incorpora facultades para la Fiscalía General a fin de crear unidades especiales, emitir instrucciones particulares (en casos concretos poder instruir a los fiscales a cargo de las investigaciones), que la Junta de Fiscales tengan sólo una función consultiva y no poder de veto de las decisiones del Fiscal General.
También el cargo de fiscal general tendría facultades de intervención y reasignación en casos concretos, intervención en la designación de regionales y organismos de apoyo (se propone concursar primero el cargo de Fiscal General y que una vez designado participe en los concursos de los regionales y los órganos de apoyo a la gestión). Otro capítulo modifica el régimen de carrera y de sanciones disciplinarias en el MPA.
La iniciativa provocó reacciones diversas de los actores del sistema penal la mayoría de los cuales serán escuchados este miércoles por la comisión de Labor Parlamentaria de Diputados. Así fueron citados el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el Colegio de Jueces Penales de Rosario; las asociaciones Fiscales y funcionarios del MPA de Rosario y de Santa Fe, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y los colegios de abogados de Santa Fe y de Rosario.
El proyecto del Ejecutivo también tiene algunas objeciones en el seno del interbloque de Diputados que se discuten internamente y que no han salido a la luz pública. "Escucharemos a las entidades que pidieron ser escuchadas y después analizaremos si estamos en condiciones de avanzar en el tratamiento", dijo un vocero parlamentario oficialista.
Hasta el momento, el oficialismo -tanto en Diputados como en Senadores- trabajó en lograr la mayor cantidad de votos posibles a la hora de votar las leyes, no utilizando las mayorías propias en cada cuerpo y escuchando sugerencias de bloques opositores.
En el mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores Judiciales envió una nota a Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados advirtiendo que en el actual proceso penal acusatorio adversarial "todo cambio debe pensarse en pro de un sano juicio en el que se busque no la impunidad, sino el cumplimiento del debido proceso".
La entidad gremial cuestiona allí los efectos que tendría la reforma al MPA y al sistema de la Defensa Penal Pública. "La desjerarquización del Servicio Público provincial de la Defensa Penal tiene su contraste en el crecimiento del MPA con relación a una nueva carrera judicial para fiscales", agrega la nota de la entidad gremial que hoy la expondrá ante los propios legisladores.
