Es un clásico: cada año de elecciones los argentinos y las argentinas reciben llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y SMS de candidatos y candidatas en primera persona invitándonlos a darles su voto. Pero esta vía no solo canaliza propaganda política: también se los llama para participar de encuestas electorales.
Interés General27/07/2023
Redacción El Informe de Ceres
la publicidad electoral ingresa por llamadas y por mensajes SMS y de WhatsApp con informaciones de uno u otro candidato/a, sin autorización, como si te escribiera un familiar o un amigo. ¿Se puede evitar? Sí.
Una manera de hacerlo es el Registro No Llame, que reúne los números telefónicos de personas que voluntariamente se inscriben porque no quieren recibir información, ni publicidad, ni ofertas, ni servicios. Una vez que la persona suma su número al registro, quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios tienen hasta 30 días para dejar de contactarse a ese número, ya sea por llamada, WhatsApp o SMS.
Como explicó en esta nota Natalia Zuazo, especialista en política y tecnología y directora de la consultora Salto Agencia, “las personas somos titulares de nuestros datos personales y, por lo tanto, los cedemos a otros con consentimiento, de la misma manera que podemos pedir que nos saquen de una base de datos”. Así, estos mensajes y estas llamadas no deberían llegarle a una persona a menos que haya dado su consentimiento expreso.
A su vez, Eduardo Pedutto, director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo porteña, señaló en esta nota que “las empresas telefónicas podrían estar vendiéndole las bases de datos a alguien porque, si no, ¿cómo llegan a tu teléfono?”. Además, resaltó que, “en el caso de los correos electrónicos, ya hay jurisprudencia de que tienen el mismo carácter de privacidad que el viejo correo [postal]”, y que, por lo tanto, “con los celulares es evidente que hay negocios detrás”.
Los SMS de publicidad electoral suelen provenir de números telefónicos que no son los tradicionales, sino códigos (como 11011, 30777, 41411 y 30003) que envían empresas privadas que manejan bases de datos y son contratadas para contactarse con números de teléfono particulares.
Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, subrayó en diálogo con Chequeado que las bases de datos que guardan las empresas privadas “deben estar declaradas” ante la Dirección Nacional de Datos Personales. En relación con los SMS electoralistas, señaló que, “si alguien tiene datos míos, tiene prohibido utilizarlos con una finalidad distinta” de la indicada al momento de pedir el consentimiento para obtenerlos. “Si yo entrego datos a una empresa, esa compañía no puede disponer de ellos y dárselos a otras empresas sin antes habérmelo informado y sin yo haber prestado consentimiento”, sostuvo.
La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública es el organismo que tiene a cargo la administración del Registro Nacional No Llame, así como también la tarea de llevar adelante las actuaciones administrativas por su incumplimiento.
Los datos personales en la Argentina están protegidos por la Constitución nacional, que en su artículo 43º establece que toda persona puede presentar una acción de amparo para saber qué datos suyos hay en bases públicas y/o privadas destinadas a proveer informes y enterarse de la finalidad de su almacenamiento; y la Ley 25.326, de Protección de los Datos Personales, que en su artículo 5º establece que “el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado”.
En año de elecciones también es común recibir llamadas telefónicas para responder encuestas. Sin embargo, a diferencia de la publicidad electoral, el Registro No Llame en este caso no puede impedirlo.
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